Sandra Cuevas recurre a vacíos legales en la ley electoral de la Ciudad de México para promover su imagen fuera del calendario comicial. Durante una sesión del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) fue interpuesta una queja contra la alcaldesa de Cuauhtémoc —quien en reiteradas ocasiones ha hecho uso de recursos públicos para promover su imagen— por hacer un gasto aproximado de 400 mil pesos para publicar 120 mil ejemplares de una revista en la que la Cuevas da cuenta de las obras llevadas a cabo en su administración.
La alcaldesa aparece en la portada en cuatro números de la publicación.
El consejero electoral Ernesto Ramos Mega advirtió que se viola flagrantemente el artículo 134 constitucional, que señala que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
El vacío legal se genera debido a jurisprudencias electorales que facilitan prácticas al margen de la ley, pues permiten a cualquier funcionario público utilizar recursos oficiales para promover su imagen, nombre y símbolos durante todo su mandato sin ser sancionados.
Así es como alcaldes y diputados locales, además de concejales y otros funcionarios, pueden gastar impunemente el presupuesto público con el fin de proyectar su imagen y encaminarla a la siguiente contienda electoral con total comodidad, lo que además genera en automático desigualdad en eventuales contiendas.
Todo esto en deterioro a los que el propio Artículo 134 puntualiza, respecto a cómo debe generarse la publicidad oficial desde el gobierno en cualquier nivel.
“La propaganda (…) deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
No obstante, la alcaldesa de Cuauhtémoc acumula al menos cuatro quejas ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, precisamente por hacer uso de propaganda personalizada fuera de época electoral.
Tras hacer un recorrido por colonias de la demarcación, como San Rafael, Juárez, Doctores y Roma, se constató que el personal de la alcaldía colocó lonas que informan sobre obras públicas, pero emplean la imagen de Cuevas.
“Queridos vecinos y vecinas, disculpen las molestias, estamos trabajando para ti: REENCARPETAMIENTO EN TODAS LAS CALLES DE LA ZONA ROSA”, se lee en la parte superior de una lona. El mensaje remata con el nombre de la funcionaria: “SANDRA CUEVAS, alcaldesa de Cuauhtémoc”.
Por su parte, la consejera electoral Erika Estrada destacó que no hay una regulación clara sobre este tema, lo que crea incertidumbre sobre los alcances de dichos casos y deja sin posibilidad de que estos funcionarios sean sujetos a sanción o a un proceso.
LA FÓRMULA SE REPLICA
El de Sandra Cuevas no es el único caso. Otros alcaldes utilizan el mismo esquema para fines de promoción personalizada. En Benito Juárez, Santiago Taboada, replica la estrategia para promover su imagen como parte de sus aspiraciones para hacerse de la Jefatura de Gobierno en 2024.
Lo hace también Lía Limón a través de espectaculares y publicaciones de revistas donde ensalzan su imagen y se omite la realidad de su gestión.
Además, todos en conjunto violan también la Ley General de Comunicación Social, que establece en su Artículo 9, en el sentido de que no se podrán difundir “campañas de Comunicación Social”, cuyos contenidos “tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en el Artículo 14 (informes anuales de Gobierno)”.
Eduardo Santillán, representante de Morena ante el IECM, urgió al Congreso de la Ciudad de México a legislar urgentemente en materia, de cara a los comicios de 2024.
Alertó que estas prácticas son graves que pueden implicar destitución o inhabilitación del cargo, pues vulneran el ejercicio del servicio público, generan desigualdad en la contienda y podrían llevar a una posible desviación de recursos del erario.
Al tratarse de un instrumento tan útil y discreto para promocionarse con cargo a erario y sin tener que esperar a las fechas marcadas por la ley, habrá que esperar a ver si en el Congreso de la Ciudad de México se gesta la voluntad política para cerrar estos vacíos legales, o si seguirán permitiendo prácticas indeseables que erosionan al erario y vician la política.
No obstante el vacío legal, existe al menos un recurso constitucional que establece los límites de la promoción gubernamental y personalizada. El Congreso capitalino debe ponderar la Constitución por encima de lo que no existe, pero que a todas luces conduce a la ilegalidad.
