Cercano al fallecimiento de Adolfo Gilly, quien era sumamente afín al movimiento zapatista, se hizo una conferencia de prensa en la que el Congreso Nacional Indígena (CNI), la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y otras organizaciones hicieron un llamado a reconocer la violencia que reciben las comunidades zapatistas ya no sólo por parte del Estado sino por grupos de crimen organizado, narco-paramilitares y paramilitares.
Es pertinente recordar que la razón por la que los indígenas mayas de Chiapas se levantaron en armas en 1994 (durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari) debido al declive de las condiciones económicas de la región a razón de las reformas neoliberales implementadas a lo largo de la década de los 80, ellos formaron un ejército al que nombraron como Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e hicieron un llamado a toda la población mexicana a unirse a su lucha contra la “ilegítima dictadura” del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tras recibir la noticia, el Estado mandó inmediatamente a 12 mil miembros del ejército sumados a los 2 mil que ya se encontraban en el área de conflicto.
Bajo este recuerdo y poniendo sobre la mesa la situación de Chiapas y sobre todo de las comunidades zapatistas en la actualidad, están viviendo bajo el terror de los grupos narcotraficantes en los que sufren extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de defensores del territorio, de periodistas y feminicidios.
Las organizaciones señalaron específicamente el caso de Chicomuselo, municipio de Chiapas, donde grupos paramilitares atisban a los pobladores para que les permitan la reapertura de una mina de barita, lo que provoca desplazamientos forzados pues los pobladores se oponen a esto. También en Comalapa, localizado en el límite de la Sierra Madre de Chiapas, existen disputas territoriales entre grupos criminales que ha causado un proceso de abandono de hogares por parte de los pobladores.
En otra instancia, también señalaron que la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) pues señalan que ha operado a servicio del gobierno, partidos políticos y grupos de poder, realizando múltiples ataques contra las comunidades pertenecientes al Caracol 10, “Floreciendo la Semilla Rebelde” (los caracoles son regiones de organización de las comunidades autónomas zapatistas ubicados en el estado de Chiapas).
Gilberto López y Rivas del colectivo “Llegó la hora de los pueblos” señaló la guerra existente contra los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas y en todo el país que está destruyendo resistencias y las prácticas emancipatorias.
Las organizaciones hicieron hincapié en que los gobiernos estatal y federal sólo se han encargado de restarle importancia al contexto y los sucesos tan graves del estado chiapaneco y en desacreditar a los defensores del territorio.
Las organizaciones llevarán a cabo una jornada de acción global nombrada “Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas” que se realizará del 13 al 16 de julio del 2023 en las que se organizarán mesas informativas, eventos artísticos y movilizaciones. En el mismo sentido, el 24 y 28 de julio se realizará un foro nacional sobre violencia, justicia y paz.
