La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho a comerciar en los espacios públicos. Sin embargo, también mandató al Congreso CDMX a establecer un reglamento para el comercio ambulante al menos desde 2017.

Entre 2020 y 2021 se presentaron diversas iniciativas de ley para regular el comercio ambulante. La más difundida fue la propuesta conocida como Chambeando Ando, presentada por la diputada local priista Diana Sánchez Barrios, la cual generó polémica debido a su intención para concentrar los beneficios en un sector de asociaciones de comerciantes en la vía pública.

El comercio ambulante opera actualmente con el permiso expreso de las alcaldías, ya que ellas son las autoridades responsables de autorizar y vigilar el uso del espacio público en sus territorios. Sin embargo, actualmente se desconoce cuántos comerciantes de este tipo hay en cada alcaldía, pese a los efectos que esta actividad ha tenido en ciertas zonas.

La polémica alrededor del comercio ambulante

El comercio ambulante es un tema polémico, porque se vincula con los derechos de las personas al trabajo. Igualmente porque tiene efectos no deseados, como la invasión de la vía pública y la competencia desleal con el comercio formal derivada de la falta de pago de impuestos.

Se trata de un fenómeno intrínseco a la cultura mexicana, rastreable desde el tianquiztli, la forma de mercado de los mexicas. Sin embargo, desde el periodo colonial se comenzó con varios procesos de regularización, los cuales dieron forma a los primeros mercados y plazas destinadas a la actividad comercial de la Ciudad de México.

En la actualidad, este proceso pretende establecer zonas especiales de comercio y cultura popular al aire libre. Además, se prioriza la negociación de mecanismos para que los comerciantes ambulantes accedan con el paso del tiempo a regularizar sus actividades.

Esto también lleva a discutir el papel de las asociaciones que reúnen a buena parte de los comerciantes ambulantes de la ciudad. Líderes como Diana Sánchez Barrios y su madre, Alejandra Barrios, han luchado por lograr el reconocimiento de las asociaciones de comerciantes ante las alcaldías y la jefatura de gobierno.

Históricamente, estos grupos han sido parte de las redes de clientelismo que fomentan ciertos grupos de poder. Las propias alcaldías de la Ciudad de México son conscientes de ello, al no transparentar las autorizaciones otorgadas a comerciantes ambulantes en su territorio.

Asimismo, el alza en las tasas de la economía informal de la capital implica que sólo un sector de la población pague impuestos. Desde 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza visitas a mercados y tianguis para presentar a los comerciantes las ventajas de formalizar sus actividades ante el fisco.

Por una ley integral de comercio ambulante

En la Ciudad de México se reconoce a los comerciantes al aire libre como trabajadores no asalariados. Esta situación es un cambio importante si se tienen en cuenta los varios intentos para regular, desincentivar, desplazar y hasta prohibir el comercio ambulante en los espacios públicos.

Históricamente, los espacios públicos han sido utilizados para impulsar campañas que pretenden «mejorar» la imagen de la ciudad por medio de políticas de recuperación que, en buena medida, prometen desplazar y restringir el comercio ambulante. Pero esta perspectiva tiende a dejar de lado a otros grupos dedicados al comercio al aire libre, como boleadores, cuidadores y lavadores de autos, artesanos y organilleros.

Las actividades informales son parte del contexto sociohistórico de la Ciudad de México. Su heterogeneidad y manifestación en múltiples sitios lleva a pensar en que una eventual ley de comercio ambulante incluya también la opinión esos grupos, a fin de establecer sus derechos y obligaciones, así como a brindar reglas claras para el acceso al espacio público a toda la ciudadanía.

El comercio ambulante es un problema que atañe al ámbito social, pero también es un problema de índole económica y política. El espacio público está en constante disputa, pero no debe olvidarse que el comercio ambulante es también un medio de subsistencia para individuos en condiciones de precariedad. Tomar en cuenta todos estos factores es esencial para lograr una regulación efectiva e incluyente.