El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ordenó el miércoles la disolución de la Asamblea Nacional (Congreso) y llamó a realizar elecciones generales anticipadas. Este movimiento respondió al intento del Poder Legislativo del país sudamericano para destituirlo por medio de un juicio político en su contra.

A diferencia de lo ocurrido en Perú, la Constitución de Ecuador contempla esta figura bajo el término «muerte cruzada«. Como justificación, Guillermo Lasso argumentó que sus opositores pretenden «poner en jaque la democracia ecuatoriana» mediante una estrategia de «desestabilización».

En particular, el presidente de Ecuador apuntó contra el proceso impulsado por legisladores de izquierda, donde Guillermo Lasso es acusado de ser parte de una presunta red vinculada a contratos de transporte de petróleo. Con la mayoría en la Asamblea Nacional, el juicio político podría haber significado el fin de la presidencia de Lasso, quien ahora puede presentarse como candidato en el próximo proceso electoral.

Crisis política en Ecuador

Guillermo Lasso obtuvo la presidencia de Ecuador tras ganar las elecciones presidenciales de 2021 como candidato de los partidos políticos de derecha Creando Oportunidades (CREO) y Partido Social Cristiano (PSC). Su victoria acabó con más de 20 años de gobiernos de izquierda en el país sudamericano.

En marzo, la Corte Constitucional aceptó una petición para investigar varias denuncias públicas de presunto peculado en el sector público ecuatoriano. Con ello, se dio luz verde para indagar al presidente Guillermo Lasso e iniciar el proceso que desencadenó el juicio político en su contra.

La petición para investigar a Guillermo Lasso se sustentó en diversos documentos, entrevistas, declaraciones y audios revelados que presuntamente muestran que el presidente de Ecuador tuvo conocimiento de dos informes que alertaban de una presunta trama de corrupción. En ellas, estaría involucrado el cuñado del mandatario, el empresario Danilo Carrera.

Por su parte, Guillermo Lasso ordenó a su secretario anticorrupción investigar esas denuncias. Pero el funcionario renunció minutos antes de exponer su informe del caso, luego de que el gobierno de Ecuador rechazó las conclusiones del documento, el cual expuso la presunta creación de un esquema de corrupción en cuatro empresas estatales de petróleo, telecomunicaciones y energía eléctrica.

Al acudir al inicio del juicio político en su contra, el presidente de Ecuador cuestionó el caso y acusó a la Asamblea Nacional de no respetar la ley ni las instituciones del país. El proceso comenzó luego de que el pasado 14 de mayo la oposición a Guillermo Lasso lograra mantener el control del Poder Legislativo de Ecuador tras la renovación de varios escaños, por lo que la amenaza de destitución presidencial se vio reforzada.

El panorama latinoamericano

Con la «muerte cruzada«, Ecuador se suma a la lista de países latinoamericanos que lidian con la inestabilidad política. Cabe recordar que, en noviembre de 2022, el presidente peruano Pedro Castillo fue detenido tras ordenar la disolución del Congreso, que entonces también lo juzgaba por presuntas denuncias de corrupción.

Asimismo, la victoria de la derecha política en Chile el 7 de mayo permitirá que este grupo decida la redacción de la nueva Constitución del país andino. Sin embargo, este proceso se desarrolla en un contexto de tensión, luego de que en septiembre de 2022 los electores votaron contra una primera propuesta elaborada por los partidos de izquierda.

También cabe mencionar el caso de Colombia, donde el pasado 11 de mayo el presidente Gustavo Petro denunció a través de sus redes sociales una presunta conspiración que amenaza con llevar a cabo un golpe de Estado en su contra.

Las desigualdades históricas, así como los problemas socioeconómicos que legó la pandemia, han afectado de forma importante a América Latina. El descontento reflejado en los procesos electorales recientes ha llevado a la confrontación política, así como a nuevos episodios de inestabilidad en la región.

En contextos de gran polarización, la falta de respuesta de la clase política ha puesto en riesgo a gobiernos de los dos lados del espectro político. Con ello, también se ejerce mayor presión sobre los procesos democráticos y su capacidad para brindar soluciones a través de la elección de funcionarios capaces de resolver los problemas actuales.