El pasado 15 de julio se cometieron los asesinatos del periodista Nelson Matus en Guerrero y del activista y defensor de los derechos humanos Ulises Nava Juárez en Aguascalientes, por esto, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a las instituciones de procuración de justicia para que realicen una investigación diligente y eficaz. Suman siete los asesinatos cometidos contra defensores durante el año.
Los derechos humanos son un recurso para que la gente y los pueblos vivan dignamente y se garantice que vivan con los medios materiales suficientes para gozar de una vida social plena. De acuerdo con el Sistema Universal de Derechos Humanos, un civil no atenta contra los DDHH, sino aquellas personas que de manera directa o indirecta, trabajan para el Estado, pues están hechos para defender las violaciones cometidas de manera sistemática.
De esta forma, la Fiscalía General del estado de Aguascalientes y del estado de Guerrero, respectivamente, están cometiendo violaciones a los derechos humanos por omisión, es decir, que estos poderes públicos y los agentes que la conforman (Jesús Figueroa Ortega y Sandra Luz Valdovinos Salmerón respectivamente) no están prestando atención a los casos de persecución y asesinato de periodistas y activistas, cuando se supone deberían estar garantizando la satisfacción del pleno goce de derechos efectuando hechos positivos en la estructura del sistema estatal. Es sabido que en ambos estados reina la impunidad, tan solo Guerrero ocupó el último lugar en resolución de casos con 3.5 de casos resueltos del total llevado a la fiscalía en 2020 y Aguascalientes sólo resolvió el 2.9 por ciento en 2022, además no se garantiza ningún tipo de protección a periodistas ni activistas, pues Nelson Matus había sufrido previamente otros ataques vulnerando su seguridad, incluyendo un intento de asesinato que denunció, pero no fue contemplado para recibir protección. Es por esto, que la ONU-DH pidió al Estado que se adopten las medidas de prevención estructurales eficaces para que permitan poner fin a la violencia en contra defensores de derechos humanos y contra quienes ejercen su libertad de expresión a través del periodismo.
