Cristosal, organización de derechos humanos, denunció el 7 de marzo al Estado de El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ‘violación sistemática’ de derechos de al menos 66 personas.
Desde el decreto de Estado de excepción promovido por Nayib Bukele han sido apresadas más de 64 mil 500 personas bajo acusaciones de pertenecer a pandillas.
La organización acusa a la administración de Bukele de haber violado los derechos a la libertad personal, debido proceso y el derecho a la defensa así como la garantía a ser juzgados de manera imparcial e independiente. Además la organización señaló que el gobierno salvadoreño no ha informado a las familias sobre la condición de salud de sus familiares lo que también constituye una falta a los derechos humanos de las familias.
«Cristosal y los familiares de las víctimas solicitan a la CIDH que solicite al Estado salvadoreño tomar medidas para proteger la vida y la integridad de las víctimas durante su privación de libertad», apuntó el líder de la organización en conferencia de prensa.
