El pasado 21 de junio una jueza de control giró 16 nuevas órdenes de aprehensión contra militares de los batallones 27 y 42 de infantería del ejército mexicano con sede en Guerrero.
Después de cumplimentar 8 de las 16 órdenes de aprehensión en el campo militar número 1 los elementos del ejército fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que el caso sea judicializado de manera civil.
El propio miércoles 21 de junio la FGR tomó la declaración de los elementos del ejército mexicano para dar inicio al proceso judicial aunque seguirán recluidos en la prisión militar del campo número 1 hasta que la justicia civil determine su estatus jurídico.
Los detenidos solicitaron la duplicidad del plazo constitucional (de 72 a 144 horas) para que se resuelva su situación jurídica y se determine si existen evidencias para dictarles auto de formal prisión o de libertad por las acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Organizaciones de Derechos Humanos en todo el país esperan que se confirme el auto de formal prisión pues esto significaría un paso importante en las tareas de la Comisión por la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa encabezada por Alejandro Encinas.
Los cargos que enfrentarán los militares de distintos rangos son ‘desaparición forzada’ y ‘asociación delictiva’ ambos de carácter federal por lo que de confirmarse el auto de formal prisión tendrán que pasar a un centro de readaptación federal que podría ser el CERESO de Almoloya de Juárez, el mismo en que estuvo recluido Joaquín Gúzman Loera.
