Luego de que la mayoría de Morena en el Senado aprobó el 28 de abril una serie reformas a diversas leyes tras reunirse en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, diversas voces cuestionan el rol del Congreso en el presente gobierno.

Aunque el presidente de México tiene la potestad para solicitar a los legisladores federales dar prioridad al debate de ciertas propuestas, el Poder Legislativo está obligado a seguir un proceso de análisis y discusión de esas iniciativas. En este caso, los cambios aprobados en el Senado se dieron momentos antes del cierre del periodo ordinario de sesiones y en apenas 10 minutos, de acuerdo con varios informes de prensa.

Los grupos parlamentarios del llamado bloque opositor a Morena no participaron de este proceso, debido a que horas antes cerraron la sede del Senado para protestar por la falta de nombramientos de nuevos comisionados para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sin embargo, adelantaron que promoverán recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para derogar las medidas.

¿Hiperpresidencialismo de vuelta?

En El presidencialismo mexicano, Jorge Carpizo destacó que, durante los gobiernos del PRI, el Poder Ejecutivo federal logró imponerse a los pesos y contrapesos del sistema político gracias a una serie de facultades constitucionales y metaconstitucionales que permitieron a los presidentes imponerse frente a los demás órganos del Estado.

Sobre las facultades metaconstitucionales (aquellas fuera de la ley), Carpizo destacaba que éstas se vinculaban principalmente con el hecho de que los presidentes eran también líderes del partido hegemónico en México. Con ello, el presidente podía controlar las nominaciones más importantes de la clase política, derivado del dominio del PRI sobre los principales sectores de la vida política del país.

El poder presidencial en México comenzó a menguar una vez que el sistema de partidos se vio enfrentado a una mayor competitividad por parte de la oposición. Poco a poco, las reglas de acceso al poder, e incluso el control de ciertos sectores, dejaron de estar monopolizados por el PRI, lo cual permitió una mayor libertad para el desempeño de otros funcionarios, como gobernadores o líderes de organismos autónomos.

Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos afirman que el poder presidencial descrito por Carpizo está de vuelta. En específico, identifican las llamadas facultades metaconstitucionales en instancias específicas, como el grupo mayoritario del Congreso constituido por los legisladores de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista.

El actual gobierno ha sido capaz de impulsar la inmensa mayoría de las reformas que ha presentado debido a esa condición. Sin embargo, cada vez resulta más cuestionado el proceso que los diputados y senadores de este bloque llevan a cabo para avanzar las iniciativas presidenciales, debido a la ausencia de discusión de esas propuestas.

Aprobación de leyes fast track en el Congreso

Una gran parte del debate en la opinión pública cuestiona la aprobación de leyes vía fast track. Este término resume un mecanismo que sirve para eliminar los debates que llevan al Poder Legislativo a la aprobación de leyes. En algunos casos, se afirma que los tiempos para la discusión y validación de iniciativas se deben acortar, a fin de resolver problemas de gran urgencia.

En México, el Congreso puede recurrir a esta figura en momentos de apremio para garantizar que una iniciativa avance. No obstante, el uso de la vía rápida ha sido polémico debido a que ha eliminado la discusión pertinente de reformas como la Energética en 2013, la Ley de Seguridad Interior en 2017 o la ampliación del periodo para que el Ejército participe en tareas de seguridad pública en 2022.

La falta de debate legislativo ha sido causa de que, en ocasiones, las reformas aprobadas sean objetivo de impugnación ante la SCJN. Así, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior fue derogada luego de que los magistrados concluyeron que la medida violaba algunas disposiciones de la Constitución.

Tras la aprobación fast track del Senado el pasado 28 de abril, el bloque opositor advirtió que impugnará ante la Corte 18 reformas que, desde su perspectiva, dan ejemplo del abuso de poder ejercido por López Obrador. En este caso, se anticipa que la falta de trabajo legislativo (a consecuencia del cierre del Senado por parte del bloque opositor) obligará a la SCJN a definir si la falta de debate de las iniciativas incluyó la aprobación de medidas inconstitucionales.

Hasta ahora, el presidente ha sido incapaz de avanzar reformas a la Constitución debido a que el bloque mayoritario en el Congreso no cuenta con la mayoría calificada (dos terceras partes de alguna de sus Cámaras) para validarlas. Si bien esas medidas podrían ser negociadas, ni mayoría u oposición parecen dispuestos a debatir para legislar, lo cual podría derivar en un mayor uso de la vía rápida para la aprobación de reformas legales, al menos hasta el final de la actual legislatura.