A medida que la discusión sobre los transgénicos en el Estado avanza, los tres Poderes de la Unión han decidido reconocer la importancia de abordar y debatir el tema, pues se encuentra de por medio el buen vivir de las personas en busca de un proyecto de país “encaminado a la paz con justicia y dignidad” según la defensa de la milpa y los maíces nativos mexicanos. 

La demanda de Acción Colectiva contra la siembra de maíz transgénico en México cumple 10 años de lucha defendiendo los maíces nativos en busca del cumplimiento de los derechos de todas las personas y comunidades mexicanas. Las acciones colectivas a través de la figura jurídica, han logrado impedir la siembra comercial de transgénicos dentro del territorio mexicano. 

Lo que busca la organización, Acción Colectiva, es encaminar al respeto de los derechos humanos de todas las personas que producen y consumen maíz. Además que se mantenga la prohibición de siembra de maíces transgénicos en México, de lo contrario podría ser irreversible la pérdida de la biodiversidad mexicana y así, olvidar saberes y parte de las cosmovisiones ancestrales de las comunidades indígenas que han basado gran parte de su relación con el mundo en el maíz, y que es parte fundamental de su alimentación, y de gran parte de México y otros países. 

México ha basado su alimentación de forma milenaria en el maíz, y con la siembra de transgénicos se pone en riesgo éste modelo de alimentación basado en la milpa, “una forma holística de sembrar, cultivar y combinar alimento, sin el uso de insumos químicos y, en general, del paquete tecnológico promovido por la agroindustria”, como señala el colectivo.

Así, el Poder Judicial resolvió en un proceso judicial mantener una medida cautelar que prohíbe la siembra comercial de maíces transgénicos y diversificación constante, además impide la siembra en fase experimental y piloto del maíz transgénico. 

La organización resalta la importancia de seguir su trabajo y a los jueces implicados en la demanda colectiva para que al resolver se garantice la protección de los derechos de las personas y así, mediante una sentencia judicial definitiva, prohibir la siembra de maíces transgénicos sin que se ceda ante amenazas de empresas agroindustriales transnacionales.