Luego de la aprobación de reformas a la ley minera en la Cámara de Diputados el 20 de abril, el secretario de Gobernación Adán Augusto López afirmó que la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretendía poner un «freno» a esta industria y proteger los derechos para el acceso al agua.

Algunos activistas acusaron que las medidas avaladas por los diputados no incluyen mecanismos para acabar con el despojo de tierras y sobreexplotación de agua, así como para regular la exploración y explotación de minas en el país. Aun así, el 28 de abril las mismas reformas avanzaron en el Senado, sin un debate o evaluación sobre el posible impacto que podrían tener en una industria central para la economía mexicana.

Reforma minera avalada sin discusión

Tras conocer la propuesta de ley minera enviada al Congreso por AMLO, la Cámara Minera de México (Camimex) indicó que los cambios contemplados provocarían graves consecuencias en la industria minera y la economía nacional, debido a que afectarían los planes y operaciones actuales.

La presión del sector minero llevó a que, luego de una reunión privada con legisladores, la Cámara de Diputados validara una reforma que flexibilizó varios de sus planteamientos originales. En un inicio, el proyecto de ley proponía recortar las concesiones para las actividades mineras a periodos de 15 años. Además, contemplaba la misma vigencia para los permisos de agua otorgados a las mineras.

Actualmente, las concesiones mineras se otorgan con una vigencia de 50 años, las cuales pueden ser prorrogadas por un término igual (un total de 100 años). Con la nueva ley, esas concesiones se otorgarán por 30 años, y serán prorrogables en dos ocasiones por hasta veinticinco años, es decir, podrían llegar a un total máximo de 80 años.

En cuanto al uso del agua, el Ejecutivo propuso negar las concesiones mineras en casos donde se determine la posibilidad de una concentración de más del 30 por ciento del volumen total de agua disponible, de acuerdo con la media anual en la zona. Sin embargo, los diputados eliminaron esa medida y establecieron que las concesiones de agua para uso específico de minería quedaran sujetas a disponibilidad y tengan una duración de cinco años, con posibilidad de prorrogarlas por igual término.

López Obrador también propuso eliminar de la ley minera el carácter preferente de esta actividad, lo cual justificaba la expropiación de terrenos o propiedades sociales (ejidos) a favor de privados con una concesión minera. Aunque esta propuesta se mantuvo en la reforma aprobada, se agregó un apartado que establece la necesidad de llegar a un acuerdo entre los titulares de las concesiones y los propietarios o titulares de derechos sobre los terrenos en cuestión.

Descuidos legislativos denunciados por activistas

El acuerdo entre gobierno y mineras para avanzar en las reformas al sector fue denunciado por colectivos como Cambiémosla Ya, Ley minera y la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), quienes denunciaron la «mutilación» de la iniciativa enviada por AMLO.

En el mismo sentido, la asociación civil Conselva, Costas y Comunidades denunció que la versión aprobada dejó fuera varias protecciones para el uso del agua, en específico al no regular la sobreexplotación de los mantos acuíferos del país.

Por su parte, organizaciones que denuncian los abusos de la industria minera hacia las comunidades indígenas como Cambiémosla Ya, consideran que los cambios aprobados pueden ayudar a frenar los atropellos cometidos en los últimos 30 años. Esto debido a la inclusión de mecanismos como la consulta previa a comunidades, así como impedir la actividad minera en zonas donde no haya disponibilidad de agua.

En general, se puede afirmar que las reformas a la ley minera representan un primer esfuerzo por regular a una industria favorecida desde 1992. Pese a los mecanismos contemplados para la entrega de concesiones, varias organizaciones civiles y periodistas han acusado por años que las normas actuales permitían a las mineras minimizar la supervisión estatal para maximizar sus beneficios.

Ante el poder económico que representa la industria minera en México (2.5 por ciento del PIB nacional en 2021, según Inegi), era difícil pensar en que una reforma como la propuesta por AMLO avanzara. Pero los cambios avalados en abril por el Congreso podrían abrir la puerta a nuevas negociaciones, a fin de establecer más controles a la minería, sin afectar las inversiones y beneficios que pueden generar en el país a futuro.