Tortuguismo del Invi afecta a damnificados del 19S; en 5 años ha reconstruido 6 viviendas

Las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 enfrentaron en un primer momento diversos problemas burocráticos y esquemas de corrupción, como el fraguado por los exdiputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Leonel Luna y Mauricio Toledo, y Jorge Romero, del Partido Acción Nacional (PAN), quienes a través de contratos simulados de demolición y reconstrucción, desviaron alrededor de cinco mil millones de pesos que tenían como propósito ayudar a las personas damnificadas a raíz del sismo.

La llegada de Claudia Sheinbaum a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018 significó el arranque real de los trabajos de reconstrucción a través de la Comisión para la Reconstrucción que, de la mano con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), organismo que trataría de enmendar la pérdida total o parcial de sus viviendas.

La Comisión para la Reconstrucción alcanzó en su cometido 92 por ciento de avance formulado al inicio de la administración, pues ha construido 15 mil 80 viviendas, mientras otras tres mil 822 están en proceso de edificación.

 

El Invi, postrado en la inacción

A pesar de los avances de la Comisión para la Reconstrucción, el plan de apoyo a los damnificados por el sismo de 2017 incluyó, dentro de su diseño institucional, el apoyo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), cuyos pobres resultados están a la vista de todos.

El Invi tiene un pendiente de mil 541 viviendas por comenzar a construir a cinco años de haber comenzado el programa de reconstrucción.

El pendiente del Invi se combina con el hecho de tener apenas mil 428 viviendas en proceso de construcción, es decir, 113 viviendas menos de las que se encuentran detenidas por cualquier motivo. 

A esto se suma el problema de que el Instituto ha entregado seis viviendas concluidas en cinco años. Un resultado que contrasta con las más de 15 mil viviendas entregadas por la Comisión para la Reconstrucción.

De lo reportado por el Invi como resultados se especifica que las seis viviendas beneficiadas pertenecen a la categoría de “unifamiliar”, lo que significa que son casas que albergan únicamente a una familia. 

Dos de las seis viviendas beneficiadas por el Invi fueron reconstruidas, es decir, se hicieron trabajos de demolición y el inmueble se levantó desde los cimientos. 

Las cuatro viviendas restantes recibieron ayuda del Invi para ser rehabilitadas, es decir, que la obra no tuvo que ser demolida, sino que recibió trabajos de mantenimiento mayor como refuerzo estructural, cambio de muros de carga o refuerzo en sus cimientos. Estos trabajos son de un costo menor a la reconstrucción y el tiempo de realización también se reduce considerablemente.

Acusan a funcionario del Invi por corrupción

Uno de los posibles motivos por los que el Invi ha tenido un retraso significativo en el apoyo a las personas damnificadas por el sismo puede deberse a una red de corrupción señalada por la diputada Daniela Álvarez, el pasado 11 de septiembre.

De acuerdo con el testimonio de Álvarez, el titular de la Coordinación Ejecutiva de Seguimiento Institucional del Invi, Rodrigo Chávez Contreras, habría desviado 40 millones de pesos a su hermana Esperanza Chávez para la construcción de un predio en una zona considerada como inviable por escasez de agua.

Chávez Contreras, quien conocía el dictamen técnico del Sistema de Agua de la Ciudad de México (Sacmex), avaló el proyecto ejecutivo para el desarrollo de la construcción por un monto de 40 millones de pesos provenientes de la institución que dirige. 

 

De realizarse la construcción y posterior entrega de las viviendas, el Invi estaría vulnerando sus propias reglas operativas, en las que establece que el Instituto tiene como propósito: “Promover la ejecución de una política de vivienda en congruencia con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como con los convenios internacionales suscritos por México relativos al hábitat y la vivienda”.

A su vez, el Invi vulneraría el derecho de acceso al agua para las personas que podrían habitar las viviendas construidas por él mismo, además de que otorgar recursos públicos a su propia hermana podría constituir un esquema de conflicto de interés.