La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, resolvió el problema vinculado con ocho contratos abusivos para el manejo de reclusorios privados. Su gestión permitió un ahorro inicial de 10 mil millones de pesos al erario.
En su conferencia matutina del 16 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la actuación de la funcionaria federal, a fin de lograr que los dueños de los penales pagaran menos. Esta acción permitirá que, al final de esos contrato, la hacienda pública deje de pagar 40 mil millones de pesos.
Las adjudicaciones establecían que los inmuebles y sus instalaciones serían propiedad de las empresas y no del gobierno al concluir el contrato. Sin embargo, en la negociación Rosa Icela Rodríguez logró que los penales se conviertan en parte de los bienes de la nación.
El presidente López Obrador comentó que, en ese tipo de temas, la primera opción es irse al pleito legal. Sin embargo, con una Suprema Corte de Justicia de la Nación que protege los intereses privados y no del pueblo, consideró que la segunda resolución más probable obligaría aceptar las condiciones de las empresas, o al menos a buscar la reducción del pago.
«Optamos para lograr una disminución en las cuotas y la secretaria Rosa Icela Rodríguez consiguió ¿Cuántos reclusorios? Ocho reclusorios, cinco empresas… Lo importante es que nos ahorramos 10 mil millones de pesos. Nada más en esta administración. Lo que logró Rosa Icela es que, terminando el contrato, los reclusorios pasen a ser propiedad pública. En total, la reducción es de 40 mil millones», precisó López Obrador.
Contratos leoninos que dañarían la hacienda pública
Según el mandatario federal, los contratos eran tan leoninos que, al finalizar, tras un periodo de entre 20 o 30 años, el reclusorio se quedaba en manos de las empresas a pesar de que el gobierno les pagara cantidades excesivas de dinero. Pero, con su intervención, la secretaria Rosa Icela Rodríguez evitó un daño irreversible a la hacienda pública y al patrimonio nacional derivado de la firma contratos adjudicados de manera directa en administraciones pasadas.
En abril de 2021, Rosa Icela Rodríguez anunció el establecimiento de acuerdos en los contratos firmados con empresarios vinculados en la construcción y operación de otros ocho penales federales. En este caso, el gobierno de México mencionó a Capital Inbursa; Exi Quantium; GIA; Black Rock; Concesionaria en Infraestructura, y DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria como las empresas privadas que, por adjudicación directa, obtuvieron los contratos.
En los mencionados contratos se establecía un gasto diario de entre 2 mil 600 y 6 mil 600 pesos por cada Persona Privada de la Libertad (PPL). Es decir, que si un penal tenía 100 personas internadas, se les pagaba lo mismo que si tuvieran 2 mil personas.
