“Pasaporte Violeta”, circunstancias que lo cuestionan y limitan

El pasado domingo 6 de agosto, el aspirante presidencial, Marcelo Ebrard, presentó en el Parque Bicentenario de la CDMX, una propuesta en favor de la economía de las mujeres jefas de familia llamado “Pasaporte Violeta”, estrategia que pretende vincular apoyos sociales y estrategias gubernamentales de igualdad de género, protección a las mujeres y fomento del desarrollo.

El apoyo constaría de tres mil pesos mensuales y se fundamenta en cuatro ejes: “Vida con mayor bienestar”, “Vida más segura”, “Vida más sana” y “Vida sin límites”. 

“Lo llamo así porque queremos ir a otro mundo, queremos ir a un mundo de nuevas posibilidades para las mujeres”, apuntó el excanciller.

El primer eje, “Bienestar de las mujeres”, propone una ampliación de desarrollo de prenatal e infancia, colaboración en el cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad; así como dar prioridad a las beneficiarias en trámites y servicios del gobierno. 

Este punto entra en conflicto con uno de los postulados de las agendas feministas: dejar de cargarle a las mujeres los trabajos de cuidado de familiares en situación vulnerable sin remuneración alguna, pues se les adjudica intrínsecamente esta responsabilidad por el simple hecho de ser mujeres, patriarcalmente asociadas con la crianza. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, casi tres cuartas partes de las personas que proporcionan cuidado en el interior de los hogares son mujeres; además, son ellas quienes realizan actividades de cuidado, independientemente de si participan o no en actividades remuneradas.

El segundo eje, corresponde a “Vida más segura”, que busca respaldar a mujeres que sufren violencia de género, a quienes se les garantizará transporte público seguro. 

Según datos del Inmujeres, las mexicanas realizan 10 millones de desplazamientos al día, 74 por ciento de los cuales se hacen en transporte público. 

Es justamente en el transporte público donde 96 de las mexicanas han tenido que lidiar con violencia y acoso sexual. Esto quiere decir, que para asegurar un transporte público seguro se deberán implementar medidas que protejan a todas las mujeres. 

En un sentido más amplio, “Vida más segura” no ofrece más detalles para enfrentar, por ejemplo, las violencias que ejerce el Estado, como el limitado acceso a la justicia (ignorar denuncias, malos tratos a denunciantes o el tiempo que transcurre antes de que las atiendan).

Por ejemplo, a  pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que toda muerte violenta de una mujer debe de ser investigada como feminicidio, sólo 27 por ciento de las muertes violentas fueron investigadas como feminicidio durante 2021.

En el eje “Vida más sana”, la medida propone acceso universal a los servicios de salud en general, así como a la sexual y reproductiva, apoyo psicológico y emocional, clases de orientación para una sana alimentación y acercamiento al deporte.  

Un tema pendiente que imposibilita esta carta de buenas intenciones, es el hecho de que en México, 15.9 millones de mujeres no están afiliadas a servicios de salud, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

En cuanto a la salud sexual y reproductiva, a partir de la pandemia de COVID-19, hubo una reducción del número de controles prenatales en embarazos de bajo riesgo; también se redujo la accesibilidad a métodos anticonceptivos, programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual e incluso la distribución de medicamentos.

Sumado a esto la educación sexual integral en escuelas públicas tendría que intensificarse.

Por último, se plantea el otorgamiento de becas y apoyos para proyectos de mujeres a través del “Fondo Ellas”, creado en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Activistas y ciudadanos han calificado el “Pasaporte Violeta” como una “copia” del programa “Salario Rosa”, implementado por el gobierno de Alfredo Del Mazo en el Estado de México.

Éste pretendía brindar ayuda económica a las mujeres y amas de casa en condición de pobreza. 

Ante estos comentarios, Ebrard respondió: “Por ahí vi que me decían ‘esto es como el salario rosa’, no, a ver, esto es un cambio de época, no es una medida aislada”.

Ebrard acentuó que éste programa se basó en un modelo que aplica el actual gobierno de Baja California, lo que a su vez pondera el sentido “innovador” de su propuesta, pues el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda lo enfocó desde una perspectiva de género.

Ebrard Casaubón estimó que los hogares que dependen de una mujer representan un tercio de las viviendas en México. No obstante, en 2022, 48 por ciento de las madres solteras eran jefas de hogar.

Además, según el Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, en 11.4 millones de hogares faltaba el padre. (Última medida compartida por el Inegi con éstos datos) 

¿Cuál sería entonces el presupuesto destinado para las cuestiones que afectan a más de la mitad de la población mexicana? 

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante 2020, 29.1 millones de mujeres vivían en situación de pobreza, es decir, 44.4 por ciento de todas ellas.

Finalmente, Marcelo Ebrard aseveró que lo nombró “Pasaporte” porque “queremos ir a otro mundo”. Cabe preguntar, ¿la seguridad y los derechos básicos de las mujeres, pertenecen a otro mundo? ¿No existe ahora mismo la posibilidad de un mundo seguro? ¿Qué mundo tienen que habitar las mujeres para sentirse seguras?