México incumple compromisos sobre derechos de las mujeres

Organizaciones civiles revisaron los avances en el cumplimiento de los compromisos suscritos por México hace 10 años en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
Aunque México ha tenido un avance significativo en cuanto a la despenalización del aborto, no se ha avanzado en aterrizar el tema como una cuestión de salud pública y de Derechos Humanos.

A pesar de la existencia de un lineamiento para la interrupción legal del embarazo de la Secretaría de Salud, aún persisten obstáculos para que las mujeres tengan pleno acceso a los servicios médicos, como la objeción de conciencia del personal de salud, cuestiones en las que debe fortalecerse una regulación.

Una integrante del grupo “Católicas por el Derecho a Decidir”, Maribel Luna, dijo que las brechas de desigualdad persistirán mientras no se garantice a las mujeres la interrupción legal del embarazo en todo el país.
Añadió que es urgente eliminar las barreras que impiden el acceso pleno a los servicios de salud sexual y reproductiva.

El consenso realizado en Uruguay cumple hoy 10 años y le da seguimiento al programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas, realizada en El Cairo en 1994, conferencia en la que se reconoció por primera vez la igualdad en cuanto a derechos sexuales y reproductivos de la población femenina. En 2001, se publicó el Programa de Acción: Salud Reproductiva, cuyos principios rectores son el derecho a la información, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a los servicios de salud.

Maribel resaltó que México fue uno de los países que firmaron ambos mecanismos, y de ésta forma ha tenido avances, así como tropiezos y desafíos generados por la perspectiva intercultural en las políticas públicas.
Oriana López Uribe, perteneciente a Vecinas Feministas, recordó que la Agenda acordada en El Cairo incorporó además los Derechos Humanos de comunidades indígenas, rurales, personas que viven con VIH, afrodescendientes y adolescentes.

Naciones Unidas se comprometió a abordar el fenómeno de forma integral para que desde las instituciones y dependencias del gobierno sean garantizados.
La coordinadora política de la Articulación Feminista Marcosur, Daphne Cuevas, subrayó que en México existen avances relevantes, gracias a la “voluntad política” del gobierno federal, para incorporar a la academia y a las organizaciones civiles como miembros plenos del mecanismo que seguirán dando seguimiento a los compromisos.

Según datos del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN, el aborto voluntario ha sido despenalizado en cinco entidades federativas: Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur y Quintana Roo en 2022; en la CDMX es legal desde 2007; en Oaxaca, desde 2019 y en Veracruz, Hidalgo y Coahuila, desde 2021, sumando así 11 los estados que permiten la irrupción legal del embarazo, cada uno con sus respectivas restricciones.

La interrupción del embarazo es un tema de salud pública, pues está vinculado con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como a la salud y sus vidas. Además, es una de las principales causas de muerte materna. Desde que se aprobó la interrupción legal del embarazo en la CDMX en 2007, se han registrado 12.3 muertes por cada 100 mil abortos en 2015. Dichas muertes fueron de mujeres con embarazos de más de 12 semanas, fuera del Programa ILE.