Este 2024 se conmemoran 50 años de la creación del Consejo Nacional de Población (Conapo), periodo en el que México ha logrado avances significativos en política demográfica. La esperanza de vida ha aumentado de 58 años a 75, y la tasa de fecundidad se ha reducido de 6.5 hijos por mujer a 1.6. Además, el crecimiento poblacional anual, que en los años 60 era de 3.4%, ha descendido a un 0.8%. En este contexto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó los progresos alcanzados y subrayó los retos que aún persisten.
México, con una población actual de 132.3 millones, se posiciona como el décimo país más poblado del mundo. Se espera que para 2052 la población alcance los 147 millones. En la sesión ordinaria del Conapo, Rodríguez detalló tres grandes tendencias que caracterizan la dinámica demográfica actual: el crecimiento poblacional por debajo del 1% anual, la continua caída en las tasas de fecundidad y el envejecimiento acelerado de la población. Estos cambios demandan una reflexión sobre el futuro del país y su sostenibilidad.
A pesar de los avances, los desafíos persisten. La secretaria de Gobernación mencionó la necesidad de seguir trabajando en la reducción de la mortalidad materna, la prevención del embarazo adolescente y la erradicación de prácticas como las uniones forzadas. Además, destacó la importancia de adaptar las políticas demográficas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, prestando especial atención al impacto ambiental y a la migración. A través de estas acciones, se busca anticipar las necesidades de la población en el corto, mediano y largo plazo.
Durante la sesión, Gabriela Rodríguez, secretaria técnica del Conapo, presentó la situación actual y las proyecciones de la Política de Población, señalando los avances de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), que ha logrado una reducción del 30% en la fecundidad adolescente. Asimismo, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, destacó la creación del primer Programa Nacional de la Mujer en 1995, que incorporó la perspectiva de género en las políticas nacionales, consolidando un compromiso del Estado con la igualdad y la justicia social