En un paso histórico para el sistema judicial de México, el Senado aprobó una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La enmienda plantea la elección popular de jueces, un cambio radical que redefine la estructura del Poder Judicial en el país. Con 86 votos a favor y 41 en contra, el proyecto ha generado un amplio debate sobre sus implicaciones a largo plazo.
La medida, considerada por muchos como la más profunda en una gran democracia, elimina el sistema de nombramientos judiciales, basados en méritos y calificaciones, y lo reemplaza por un modelo en el que los ciudadanos elegirán a sus jueces. El presidente López Obrador sostiene que este cambio es clave para combatir la corrupción y democratizar el sistema judicial, permitiendo que «el pueblo sea quien decida». Sin embargo, críticos temen que la politización del poder judicial pueda debilitar la independencia de los tribunales.
Otro aspecto controvertido es la creación de un Órgano de Administración Judicial independiente, encargado de la disciplina y el presupuesto del Poder Judicial. Aunque la reforma ha sido bien recibida por parte de la población, con un 66% de mexicanos percibiendo a los jueces como corruptos, expertos advierten sobre el riesgo de que el sistema se vuelva vulnerable a influencias políticas, lo que podría amenazar la estabilidad democrática del país.
