El Frente Amplio por México encargó la elaboración de su proyecto alternativo de Nación, con miras a 2024, a personajes cuyo desempeño en el servicio público no sólo fue deficiente y cuestionado, sino que agudizó problemas económicos, sociales y de seguridad.

Los nombres propuestos por el Frente parecen más una provocación que una alternativa.
Por ejemplo, José Ángel Gurría, artífice del Fobaproa —el mayor endeudamiento público que benefició a banqueros y grandes deudores—, encargado de elaborar el proyecto de nación, cuando fue justamente a los sectores más desprotegidos y vulnerables del país a quienes convirtió en deudores.

Como si el episodio Gurría no fuera poco, el 15 de agosto la dirigencia del frente opositor, informó a través de un comunicado que la visión y las estrategias de seguridad estarán a cargo de, nada más y nada menos, del hoy prófugo, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, vinculado documentalmente con grupos criminales del noreste del país.

El comunicado frentista resalta “su amplia experiencia como gobernador”, señalando que durante la gestión del panista “se lograron disminuir los niveles de violencia en la frontera y en los municipios de Tamaulipas”, y “confiando” en que “su profesionalismo dará el aporte necesario para construir una verdadera estrategia de seguridad, que combata a los criminales en México”.

Las dirigencias opositores no encontraron mejor perfil para garantizar la implementación de una estrategia de seguridad que atienda la violencia del país, fundamentalmente generada por Felipe Calderón, que el de un personaje con carpetas de investigación abiertas y una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República, por presuntas relaciones con el crimen organizado.

COORDINADOR PRÓFUGO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impidió que el entonces gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca fuera detenido, pues gozaba de inmunidad debido al fuero constitucional.

Fue hasta pocos días después de dejar el cargo que, ya sin fuero, la FGR giró la orden de aprehensión y solicitó al Instituto Nacional de Migración el apoyo para evitar su salida del país. Desde entonces, el paradero del panista es incierto.

De hecho, para sorpresa de todos, García Cabeza de Vaca se inscribió al proceso de selección del coordinador nacional del Frente Amplio por México, el paso hacia la candidatura presidencial.

O mejor dicho, fue inscrito por su hermano en su representación, pues durante lo que lleva el proceso y hasta la fecha, García Cabeza de Vaca no se plantó de manera presencial en ningún foro, ni trámite, como el resto de aspirantes opositores.

Francisco García Cabeza de Vaca diseñará el plan de seguridad del Frente desde el exterior, de manera remota, sin posibilidades de poner un pie en territorio nacional, a menos que quiera ser detenido por las autoridades mexicanas.
Los supuestos vínculos criminales que pesan sobre su figura desde 2004, lo imposibilitan física y jurídicamente de hacerlo.

El exgobernador ha acusado desde 2021, una persecución política por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que según su lógica, responderían las recientes carpetas de investigación y orden de aprehensión en su contra, sin aportar prueba alguna de sus dichos.

EL ORIGEN

Su primer vínculo criminal data de las acusaciones hechas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por haber presuntamente recibido dinero del Cártel del Golfo, con el fin de financiar su campaña para la presidencia municipal de Reynosa, en 2004.

Estas acusaciones se basan en declaraciones de un testigo protegido en EU, quien durante el juicio contra el exgobernador de la entidad, Tomás Yárrington, declaró que en septiembre de 2004, el entonces gobernador lo citó en Ciudad Victoria para informarle que necesitaba conseguir dinero del Cártel del Golfo para apoyar al candidato opositor Francisco García Cabeza de Vaca.

Dicho testigo, de apellido Peña Argüelles, afirmó que fue en el estacionamiento de un centro comercial, donde le dijo a Héctor Sauceda «El Caris”, un líder del cártel, que “el gobernador Tomás Yarrington operaría votos en favor de Cabeza de Vaca” y que una vez que resultara ganador, estaría a las órdenes de Yarrington y “para lo que se ofreciera en un futuro con los miembros del Cártel del Golfo”.

Según sus declaraciones, el entonces candidato panista llegó a acompañado de su hermano, José Cabeza de Vaca, a una cita con Peña Argüelles: “Le hice entrega de los 500 mil dólares que me había entregado Héctor Sauceda “El Caris”, (…) el candidato Francisco García Cabeza de Vaca me dijo que estaría a las órdenes para lo que se les ofreciera”.

PROTECCIÓN AL CARTEL DEL GOLFO

Años más tarde, cuando García Cabeza de Vaca contendía por la gubernatura del estado de Tamaulipas, sus hoy compañeros priístas del Frente Amplio, quienes dieron visto bueno a su nueva designación, lo acusaron de utilizar la fuerza de un grupo armado de supuestas autodefensas, conocido como “Columna Cívica General Pedro José Méndez”, creado para supuestamente para defender los municipios tamaulipecos del Cártel de Los Zetas, grupo antagónico al Cártel del Golfo.

Según la dirigencia priista, García Cabeza de Vaca usó la fuerza violenta de este grupo para presionar y amenazar a los candidatos del PRI en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Luis Aldape, obligando a sus habitantes y militantes, incluso de otras fuerzas políticas, a asistir a punta de extorsión a los mítines del panista y de otros candidatos blanquiazules.

En aquel momento, el PRI fue acompañado del PRD, el otro partido de la alianza electoral hoy vigente, a través de su representante legal en el estado, Alfonso Trejo Campo.
Ambas fuerzas políticas entregaron al fiscal electoral, Said Ramírez David, la documentación de hechos en los que acusan directamente a García Cabeza de Vaca de utilizar el apoyo de la delincuencia para verse favorecido en las elecciones.

El entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, señaló también en 2016 que García Cabeza de Vaca se encontraba fichado en EU por supuestos vínculos criminales, y que era un asunto que debía preocupar a la dirigencia panista, entonces controlada por Ricardo Anaya, también autoexiliado.

Tal parece que el PAN no escuchó, y que PRI y PRD olvidaron aquella afrenta sufrida en Tamaulipas hace ocho años, ejecutada por un personaje siniestro ligado con el crimen organizado, cuyo nombre hoy no sólo arropan y promueven sin sonrojo alguno, sino que pretenden presentarlo como el hombre que será responsable de crear las condiciones de paz y seguridad en todo el país.

García Cabeza de Vaca dejó operar al cártel de su afiliación sin mayores limitantes.
Una vez descabezado el proyecto narcopanista, la reconfiguración revela el tamaño de la crisis: batallas enraizadas entre grupos criminales qué se habrán de seguir disputando el control de un territorio cuyo comandante tuvo que salir huyendo, apenas expiró su fuero.

Quizá la visión en conjunto del Frente Amplio por México va enfocada hacia allá: senderos que continúen perpetuando la impunidad de sus funcionarios de base y renombre relacionados con el crimen organizado, con intereses oscuros.
Siguiendo esa lógica, ¿qué mejor que sea el emblema del crimen organizado en la administración pública de los últimos años quien encabece tan importante esfuerzo? ¿De qué otra manera se justifica semejante designación?