La secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, brindó una conferencia de prensa la tarde del pasado 30 de marzo para dar pormenores de lo ocurrido en un albergue del Instituto Nacional de Migración en donde perdieron la vida 39 migrantes centroamericanos y sudamericanos.

De lo presentado por la secretaria de Seguridad es alarmante el hecho de que la seguridad de los centros migratorios mexicanos se encuentra en manos de empresas privadas a través de un sistema de outsourcing. Los guardias que aparecen en el atroz video en el que se deja morir a las personas por causa del fuego no pertenecían a ninguna dependencia gubernamental sino a una empresa de la iniciativa privada.

La empresa responsable del centro migratorio se llama Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A de C.V. La empresa fue fundada en 2015 en la Ciudad de México y su apoderado legal es Gerardo Saldaña Pimentel aunque también fueron identificados como socios David Vicente Salazar Gasca y George McPhail.

Los datos de la empresa así como de sus responsables se hicieron de conocimiento público debido a que la Secretaría de Seguridad identificó que existieron irregularidades en su contratación para la operación de centros el INMI pues, de acuerdo con lo presentado con Rosa Icela Rodríguez, la empresa presentó registró solamente a cuatro personas como su personal y no ha hecho altas ni bajas de personal desde el 2015. El contrato con el INMI contemplaba un personal de más de 300 personas que operaban en 23 estados de la república.

Las irregularidades presentadas por la secretaria condujeron a la rescisión de los contratos establecidos entre el Instituto Nacional de Migración y la empresa propiedad de Grupo Tank además del comienzo de un proceso administrativo que conlleva una sanción económica y que busca la inhabilitación de la empresa para participar en licitaciones futuras.

Camsa no es la primera empresa que opera los centros migratorios de los que es responsable la Secretaría de Gobernación. Previo a Camsa la encargada de los centros migratorios fue Servicios de Investigación y Custodia S.A de C.V (Seicsa). Seicsa recibió de manos del INM 272 millones 646 mil 200 pesos del 3 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. El contrato que tenía Camsa debe ser por montos similares dado que las labores a ejercer eran las mismas.

Ante los manejos irregulares de las empresas de seguridad privada Rosa Icela Rodríguez, declaró que será el Servicio de Protección Federal quien asumirá el control de los centros migratorios que estaban bajo control de Camsa para brindar los servicios de manera directa. La Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana asignará a 48 elementos para las tareas a realizar.

Que nadie salga bajo ninguna circunstancia

La tragedia ha sido señalada como una omisión de las autoridades pues en el video publicado por los medios de comunicación se puede ver a los encargados del centro dejando a su suerte a los migrantes. La agencia Associated Press dio a conocer, la tarde del pasado jueves 30 de marzo, que el abogado Jorge Vázquez Campbell, representante de un grupo de migrantes que perdieron la vida señaló a Salvador Gónzalez Guerrero de dar la instrucción de ‘no abrir las celdas bajo ninguna circunstancia’ vía telefónica.

Salvador Gónzalez Guerrero es un contralmirante en retiro del ejército mexicano que fue designado como titular de la Oficina de de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. de ser confirmado lo señalado por el abogado podría fincarse responsabilidad legal sobre los hechos. La cadena de mando pone responsabilidades sobre Gónzalez Guerrero pero si la orden fue concreta entonces podría vincularse a proceso.

No hubo solicitud de auxilio.

EL Heroíco cuerpo de bomberos de Ciudad Juárez dio a conocer que no se reportó el incendio en el centro del INM y que la ayuda del cuerpo de bomberos se dio por una casualidad. De acuerdo con información presentada por La Verdad elementos del cuerpo de bomberos de Ciudad Juárez aseguran que acudieron al incendio por un reporte hecho por el capitán en turno.

El capitán se encontraba en camino a la sede central cuando se percató de la presencia de humo y alertó al cuerpo de Ciudad Juárez sobre el incidente, los bomberos aseguran que el acceso a la oficina del INM estaba cerrado por lo que tuvieron que forzar la puerta para poder combatir el fuego. Los elementos del cuerpo de bomberos aseguran que fue gracias a la coincidencia que pudieron rescatar a personas con vida.

Por su parte el Centro de Respuesta Inmediata del Estado (CERI) declaró que la noche del pasado 27 de marzo recibió solo una llamada alertando de un conato de incendio en una unidad del INSABI pero no se recibió ninguna por parte de la sede del INM. Tampoco el centro de mando policial recibió ninguna denuncia formal o instrucciones del centro de control sino que fueron avisados por vecinos que se percataron del incendio.

Las acciones del gobierno

Rosa Icela Rodríguez informó que existen cinco personas detenidas por el lamentable suceso entre los que se encuentran tres elementos del Instituto Nacional de Migración y dos agentes de seguridad privada sin embargo existe una orden de aprehensión sobre una persona migrante quien ha sido señalado como el responsable de iniciar el fuego en las instalaciones del INM.

La Secretaría de Gobernación informó que ha abierto un procedimiento para brindar ayuda a las familias de las personas fallecidas además de buscar implementar protocolos que aseguren la no repetición de los hechos y que ayuden a la reparación de daños a los familiares de quienes perdieron la vida en el incendio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha establecido mesas de trabajo con las embajadas y representantes de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Honduras y Colombia para facilitar los trámites a las familias de los fallecidos y que puedan volver a sus países de origen lo más pronto posible.

La Fiscalía General de la República informó que las investigaciones siguen su curso y se comprometió a no defender a ninguno de los implicados. También refrendó su compromiso con la justicia y con la verdad.

A pregunta expresa sobre las responsabilidades de los secretarios de estado Rosa Icela Rodríguez aseguró que no se trata de enjuiciar políticamente a nadie hasta que la Fiscalía deslinde las responsabilidades correspondientes pero que no existe intención alguna en ocultar o proteger a ninguno de los involucrados. Instó a los medios a enfocar la atención en las víctimas y en la justicia y no en los golpeteos políticos.