El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto presidencial que daba facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA) para coordinar y regir la Guardia Nacional. El recurso de inconstitucionalidad fue promovido por senadores de oposición y el pasado 18 de abril los ministros de la Suprema Corte consideraron inconstitucional la adhesión del organismo a SEDENA.

La inconstitucionalidad del decreto presentado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ordena la evolución del control y las facultades administrativas a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a cargo de Rosa Icela Rodruíguez. 

Los argumentos

El proyecto presentado por el ministro Juan Luis Gonzáles Alcántara estudia las controversias existentes entre el marco jurídico por el cuál se reforman diversas disposiciones de la Guardia Nacional y de las leyes militares para poder entregar el control administrativo, operativo y logístico de la Guardia Nacional a SEDENA. Sin embargo la propuesta del ministro Gonzáles Alcántara sostiene que dichas modificaciones contravienen los artículos 21 y 13 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra de considerar inconstitucional el decreto, sostuvo en la reunión del 17 de abril que la Guardia Nacional tenía facultades, al igual que la SEDENA, para coordinar las acciones en torno a la estrategía de seguridad pública y de seguridad nacional de acuerdo con las atribuciones jurídicas que recaen sobre ambos organismos. Por otro lado recordó que en una disposición del propio tribunal quedó asentado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía la obligación de juzgar las modificaciones de ley pero no de gobernar ni de dictar la política nacional.

La ministra Loreta Ortiz Ahlf sostuvo en su intervención que a pesar de que se contempla la posibilidad de la participación de las fuerzas armadas en las tarea de seguridad pública estas acciones deben cumplir con la normativa internacional que establece que el actuar debe de darse únicamente bajo condiciones extraordinarias y con tiempo limitado lo que no podría cumplirse si la Guardia Nacional perdiera su carácter civil. 

El ministro Luis María Aguilar Morales subrayó que uno de los puntos centrales para votar en contra de la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es la reforma al reglamento interno de la Guardia que propone que el titular de la institución tenga algún rango militar y sea propuesto por el titular de la SEDENA lo que vulneraría el carácter civil de la institución y por consecuencia debería considerarse como un organismo de carácter militar.

El ministro Javier Laynez Potisek abordó el tema desde la transferencia de capacidades operativas, monetarias y administrativas de la Guardia Nacional a SEDENA que, aunque no borra el artículo 4 de la Guardia en el que se reconoce a la Secretaría de Seguridad Pública como órgano regulador, limita la capacidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana solamente de manera formal y es aplicable solo a los elementos provenientes de la policía militar por lo que votó en favor de la inconstitucionalidad.

El ministro Arturo Saldivar pidió no confundir la Secretaría de la Defensa Nacional con el ejército porque si bien el segundo depende del primero y la armada naval depende de la Secretaría de Marina lo cierto es que los titulares de estas instituciones podrían ser de mando civil pues la constitución lo permite. Es decir, se ha designado históricamente a personal en servicio de las fuerzas armadas pero el carácter del ejercicio queda subordinado al poder civil. Arturo Sáldivar sostuvo que la absorción de las facultades administrativas de la Guardia Nacional no hacen al cuerpo una institución militar.

La votación fue ganada por el proyecto del ministro Juan Luis Gonzáles Alcántara lo que permite que la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana tenga la potestad dentro del cuerpo para dirigir y comandar a la Guardia Nacional por el carácter civil de la misma.

La oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador celebraron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento de que había sido un revés al gobierno actual en México. 

 

Por su parte los impulsores del gobierno en turno consideraron la resolución como un error pues podría vulnerar la capacidad de reacción de los cuerpos de seguridad y poner en peligro a la ciudadanía que sufre los embates de la violencia en el país. 

 

La resolución será aplicable a partir del primero de enero de 2024, es decir que durante 2023 la SEDENA seguirá rigiendo a la Guardia Nacional y será hasta el próximo año que la Guardia Nacional volverá a estar bajo control absoluto de la SSPPC federal.