Ciudad de México. El caso del Cártel Inmobiliario, una red de corrupción que operó en la alcaldía Benito Juárez bajo administraciones del PAN, ha dado un giro inesperado. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó reponer el juicio contra Christian Von Roehrich, ex jefe delegacional señalado como líder de esta red. Según el tribunal, hubo «vicios formales» en el proceso, decisión que podría abrir la puerta para que el acusado quede en libertad, pese a las pruebas que lo vinculan con extorsiones, sobornos y la autorización de construcciones ilegales.
La decisión ha generado indignación entre las más de 200 familias afectadas y expertos en justicia. Críticos señalan que este fallo prioriza a los «delincuentes de cuello blanco» sobre las víctimas. Además, no es la primera vez que este tribunal toma decisiones controvertidas; previamente amparó a figuras como Genaro García Luna y Nicias Aridjis, ambos relacionados con graves actos de corrupción, lo que ha despertado sospechas de un posible «pacto judicial» con redes ilícitas.
El caso del Cártel Inmobiliario no solo revela el alcance de la corrupción, sino también las profundas fallas en el sistema judicial mexicano. Organizaciones civiles y ciudadanos han exigido que se garantice justicia para las víctimas, mientras que los cuestionamientos hacia el Poder Judicial crecen. ¿Podrá México superar la impunidad que carcome sus instituciones?
