El esquema de corrupción emanado directamente desde la sede del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México ha conseguido extenderse entre las alcaldías y los personajes que encabezan a la oposición en la capital del país.
Xóchitl Gálvez, entre 2015 y 2018, en su paso por la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, perfeccionó el esquema de corrupción, alejándose del enriquecimiento directo mediante la apropiación y el despojo, para cambiarlo por contratos a empresas de sus familiares, que le permitieran ganar dinero de manera constante, sin necesidad de engrosar sus declaraciones patrimoniales.
La regeneración del Cártel Inmobiliario no es únicamente la capacidad de coordinación en el interior del PAN, sino el uso de operadores emanados del núcleo de corrupción de Jorge Romero hacia otras alcaldías capitalinas.
El pasado 27 de julio de 2022 fue destituido Eddy Alberto ‘N’, quien fungió como Jefe de Unidad Departamental de Recuperación de Espacios Públicos en la administración panista de Mauricio Tabe, por las acusaciones de corrupción en su contra. Eddy Alberto había sido funcionario del primer gobierno de Santiago Taboada en Benito Juárez de 2018 a 2021.
Martín Padilla, diputado morenista por las alcaldías de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, denunció la presencia de funcionarios en activo de la administración de Tabe, provenientes de Benito Juárez en puestos estratégicos para la operación de los negocios inmobiliarios.
Las jefaturas de Obras y Servicios, así como de contratos y de proyectos están dominadas por personal del Cártel Inmobiliario.
El esquema de corrupción identificado por la Fiscalía comienza en 2012 con la llegada de Jorge Romero a la alcaldía y que coincidió con el último año en funciones de Hugo Alejandro Fuentes Sánchez y Marcos Reza Juárez involucrados en puestos de proyectos y obras en Benito Juárez y actuales directores de obras en Miguel Hidalgo.
Entre 2013 y 2015 salieron Víctor Manuel Guerrero, Manuel Reyes Vite y Julio Rafael Tejeda encargados de supervisión, aprobación y coordinación de obras de Benito Juárez y hoy encargados de materiales y obras de Miguel Hidalgo con Tabe.
La unión entre el PAN y el PRD en la ciudad ha provocado que personajes del partido del sol azteca sigan el esquema de corrupción o se hayan visto envueltos en situaciones similares.
En la Alcaldía Tlalpan, la administración de Alfa Gónzalez aprobó la construcción de un centro comercial y una concesionaria automotriz que incurren en irregularidades de acuerdo al reglamento de construcción vigente (Ver más).
Aunado al esquema de construcciones irregulares presente en las alcaldías dominadas por la llamada Unión de Alcaldes de Oposición (Una), la directora general de Obras y Servicios de Tlalpan fue suspendida por la Contraloría General de la Ciudad de México, el máximo órgano regulador de servidores públicos.
La suspensión de Yuritzi Contreras, directora general de Obras y Desarrollo Urbano al mando de Alfa Gónzalez, logró conservar el puesto un mes después de la sanción emitida por la Contraloría, con lo que pudo concluir la ejecución del presupuesto participativo en el que se vieron beneficiadas cinco empresas con 39 millones de pesos a cambio de calentadores solares (Ver nota).
Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en torno al Cártel Inmobiliario de Benito Juárez y a los colaboradores cercanos a Santiago Taboada y Luis Mendoza, han provocado que los empleados del mismo cártel migren a alcaldías aliadas para intentar salvaguardar los negocios del PAN.
En los casos en que no se ha permitido la entrada de personas afines al núcleo del Cártel Inmobiliario, se han implementado esquemas de corrupción que buscan normalizar y generalizar las construcciones irregulares a cambio de contratos, bienes inmuebles o dinero que enriquecen a quienes ejercen puestos de representación popular.
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