Desde hace poco más de dos años, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, y algunos de sus familiares, por lavado de dinero, confirman documentos judiciales, así como funcionarios ministeriales.
Presuntamente los abogados del mandatario y sus familiares, ya han entregado informes financieros que confirman que sus ingresos y operaciones tienen un origen irregular.
Sin embargo, autoridades de la FGR han señalado que la investigación la está llevando a cabo una rama de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda.
Según los informes, el primer antecedente es el comunicado de prensa 171/21 de la FGR, fechado el 10 de mayo del 2021, donde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales había recibido numerosas denuncias en contra del entonces candidato a gobernador.
El comunicado refiere que entre las denuncias se encontraba una de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda donde se advertían presuntas violaciones al artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en este caso, presuntas aportaciones de dinero o en especie, y fondos o bienes de origen ilegal, utilizados de forma ilícita para cuestiones electorales.
En aquel comunicado, la fiscalía señaló que se haría investigación pertinente de las denuncias en una carpeta para obtener de la manera más rápida la determinación jurídica que procediera.
La investigación sigue abierta, pues es momento en que no se ha comprobado la legalidad de las operaciones financieras de Samuel García, su padre Samuel Orlando García Mascorro, la esposa del gobernador, Mariana Rodríguez Cantú, y su suegro, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez; así como de las empresas Grupo Renok, Grupo Mascorro Abogados Firma Jurídica, Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros y Fiuset Service.
La UIF ha colaborado con la investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, solicitando, en marzo de 2022, un dictamen contable sobre las operaciones realizadas entre 2012 y 2021.
La Unidad confirmó a través de un oficio expedido en 30 de agosto de 2022, que revisó la información financiera que le proporcionó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Registral y Castral de Nuevo León.
Los funcionarios consultados sostuvieron que el pasado marzo, el Ministerio Público Federal solicitó a la Policía Federal Ministerial que desahogara la indagatoria. Así, los elementos tuvieron que acudir a las instalaciones de la Femdo para consultar la carpeta de investigación e identificar las líneas de investigación a desahogar.
