Con cinco votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló este miércoles 9 de agosto permitir que los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México mantengan sus respectivos cargos.

Esto, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitiera lineamientos de fiscalización y límites de operatividad, buscando “hacer más equitativo el proceso”. No obstante, ninguno de estos lineamientos contempló que los aspirantes se separaran de su cargo, como los hicieron los aspirantes de Morena.

Como parte de la argumentación del INE para tales efectos, la consejera Dania Ravel expuso en su momento que “no existe un fundamento legal que obligue a que las personas servidoras públicas se separen del cargo que ocupan”, pues, afirmó “es un proceso intrapartidista”.

Esto en contraste con lo argumentado por la consejera Claudia Zavala, quien apuntó que no existen “procesos inéditos”, sino “procesos electorales que se llevan a cabo conforme a la ley o, por el contrario, fuera del marco de la ley”.

Por su parte, el argumento de Janine Otálora, autora del proyecto votado este miércoles, estuvo siempre armonizado con este último criterio. En los más recientes proyectos a su cargo, la magistrada ha tenido como objetivo revelar la simulación que representan los procesos de preselección de candidatos, tanto de Morena como de la oposición, en el sentido de que ambos van enfocados a definir la eventual candidatura presidencial de cada frente en un momento en el que no ha iniciado formalmente el proceso electoral 2023-2024. Sin embargo, este es el segundo proyecto de resolución presentado por Otálora, dirigido a regular dichos procesos partidistas, que es frenado por sus compañeros magistrados.

Durante la sesión pública de este miércoles, cinco magistrados consideraron que era una “medida excesiva” obligar a los aspirantes del Frente a dejar sus cargos para participar en la contienda. La magistrada Mónica Aralí Fregoso señaló que exigir la separación del cargo a los aspirantes “equivaldría a suponer que en realidad se trata de un proceso electoral en el que existen actos de precampaña y no de carácter político”.

Al menos cuatro aspirantes presidenciales conservarán sus cargos mientras corren a toda prisa tras la candidatura del Frente Amplio por México, lo que —como apuntaron los magistrados José Luis Vargas y la propia Janine Otálora— deja las puertas abiertas al uso discrecional de capital humano y recursos públicos, destinado a los legisladores que hoy contienden por la candidatura presidencial a través de prerrogativas.

FIEL AL “HUESO”

La senadora panista y aspirante presidencial mejor posicionada del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, se topó con muchos problemas al intentar denunciar el proceso interno de Morena y la promoción de “las corcholatas”, así como el riesgo de que se utilizaran recursos públicos, pero una vez que su nombre apareció como una opción electoral opositora, la senadora dejó de tener problemas con las contiendas amparadas en el secretismo, defendió el proceso del Frente y hoy recorre todo el país buscando el siguiente cargo, mientras sigue cobrando al menos 119 mil 700 pesos mensuales provenientes del erario.

SUS CONDICIONES

Lo mismo sucede con Santiago Creel, quien una vez que perdió el piso de seguridad que le daba no tener a Gálvez como contrincante, y que su nombre comenzó a ir en picada, tras sus desplantes con la prensa y con el público, comenzó a titubear sobre su renuncia a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El caso de la senadora Beatriz Paredes y del senador Miguel Ángel Mancera camina por la misma directriz: “o todos coludos, o todos rabones”.

Morena fijó un límite de gastos de cinco millones por “corcholata”, recursos que fueron entregados por el mismo partido y que suponen un límite cuantificable y fiscalizable de origen. No pasa lo mismo con el Frente, cuyas reglas de fiscalización no quedan claras, dejando una puerta abierta al uso indebido de recursos públicos que serán difíciles de rastrear.

Ante la situación, y considerando que las “corcholatas” de Morena compiten bajo condiciones equitativas, en términos de que ninguno ostenta cargos públicos, la magistrada Janine Otálora presentó un nuevo proyecto que proponía que “las personas inscritas deberán cumplir con la separación del cargo, por medio de las licencias o mecanismos correspondientes, en un plazo de 48 horas siguientes a la notificación”.

Esta discusión se dio en el marco de las impugnaciones presentadas por Morena ante el acuerdo aprobado por el Consejo General del INE el pasado 27 de julio, en el que se emitieron lineamientos para regular los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos de los partidos, donde el INE omitió prohibir la participación de servidores públicos.

Con esta nueva propuesta, la magistrada parecía haber cedido ante la inviabilidad política de detener los respectivos procesos partidistas de sucesión presidencial. Sin mucho margen de maniobra por los costos políticos que ello implicaba, esta vez la estrategia consistió en jugar el mismo juego, pero tratando de emparejar la balanza entre frentes y limitando la observación a lo fiscalizable. Al final, nuevamente, no lo consiguió.

Otálora defendió su proyecto afirmando que “no hay otra garantía suficiente para asegurar la neutralidad y equidad, así como para prevenir el uso de recursos públicos” más que la separación del cargo. Sin embargo, el magistrado presidente insistió en que los legisladores “no tienen acceso a recursos públicos”, argumento que no se sustenta considerando sueldos, prerrogativas, personal y demás prestaciones a los que diputados y senadores acceden año tras año.

El proyecto presentado por la magistrada y desechado por sus pares contemplaba “exigir la separación del cargo a las personas inscritas que sean servidoras públicas, con la finalidad de garantizar la equidad y neutralidad en la contienda, así como para prevenir el empleo indebido de recursos públicos”.

Consideraba la modificación al artículo 19 de los Lineamientos aprobados por el INE:
“Las personas servidoras públicas deberán abstenerse de participar en los procesos políticos en cualquier forma que pudiera implicar una vulneración a la equidad. Las personas inscritas, en cualquiera de los procesos políticos, que ocupen cualquier cargo público, en alguno de los tres poderes y órdenes de gobierno, deberán separarse de este”.

De haberse aprobado, el proyecto habría llegado retrasado a una contienda que dio inicio hace dos meses, y cuyas facturas serán difíciles de rastrear ante la carencia de reglas de origen en el proceso interno del Frente. Sin embargo, parecía necesario seguir impulsando una situación de equidad entre alianzas políticas.

Una vez desechada la propuesta, bajo el argumento de que una separación violaría los derechos del electorado que eligió a dichos servidores, además de que, en voz de los magistrados, no existe una campaña legalmente constituida ni “empleo de recursos públicos” comprobables, la puerta a la discrecionalidad en el gasto público queda totalmente abierta para los aspirantes de oposición.

Los magistrados decidieron fallar en contra del proyecto y permitir la opacidad que supone contender por la presidencia en términos de inequidad presupuestal.

Hoy Santiago Creel, Xóchitl Galvez y compañía pueden estar tranquilos, pues sus aspiraciones podrán seguir al margen de sus curules, aun cuando se encuentran buscando el máximo cargo público de este país desde sus actuales posiciones de privilegio.