En marzo, la organización Artículo 19 denunció que casi 55 por ciento del gasto en publicidad oficial (787 millones de pesos) realizado por el gobierno de México en 2022 se concentró en 10 medios de comunicación. Televisa y TV Azteca, así como Demos, la cual opera el diario La Jornada, encabezaron el rubro, con casi 30 por ciento de los recursos erogados.

El resto del gasto en publicidad oficial se repartió entre 399 medios de comunicación, lo cual, de acuerdo con Artículo 19, podría ser reflejo de un mecanismo de control desde el gobierno para las líneas editoriales de la prensa nacional. Históricamente, los medios de comunicación se han sostenido con el apoyo económico del Estado, lo cual ha permitido que los gobernantes favorezcan a ciertos grupos afines a sus intereses.

Aunque en México existe una Ley de Comunicación Social que establece regulaciones a la publicidad oficial, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que el Congreso debía solventar las deficiencias de esta norma. Entre ellas, destaca la falta de reglas para la distribución de la publicidad oficial en medios de comunicación, un aspecto que aún está pendiente de resolverse.

Aprobación de la «Ley Chayote»

En mayo de 2018, el entonces presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Comunicación Social, con la cual se propuso regular la publicidad oficial y promover la pluralidad mediática. Para ello, la norma estableció que la publicidad oficial debe observar los criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez, así como respetar los topes presupuestales específicos.

Sin embargo, organizaciones como Fundar y Artículo 19 denunciaron que esa ley no establece límites claros, a fin de que la publicidad oficial emitida por el gobierno federal tenga un carácter institucional y fines meramente informativos, educativos o de orientación social.

Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México denunció que la Ley de Comunicación Social mexicana perpetúa el sistema de discrecionalidad en ese gasto, ya que no establece límites a los montos utilizados ni cuenta con controles externos para la asignación de publicidad oficial. Por ello, la nueva ley ha sido conocida popularmente como «Ley Chayote» (un soborno dado a los periodistas para inducirlos a informar a conveniencia del gobierno).

Ante esta situación, Artículo 19 interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En septiembre de 2021, la Corte consideró que la Ley de Comunicación Social brinda al gobierno federal una «enorme discrecionalidad» para ejercer su gasto en difusión, lo cual puede afectar la libertad de expresión.

Pese a fallo de la SCJN, gasto discrecional prevalece

En los tres primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gasto en publicidad oficial alcanzó 8 mil 648 millones de pesos. Esto representa 26 mil millones de pesos menos que lo gastado en la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, según datos de la Secretaría de la Función Pública.

Aun así, se mantiene la discrecionalidad en la asignación y distribución de ese dinero. En el mencionado periodo, Televisa, TV Azteca y La Jornada fueron los medios de comunicación que más recursos recibieron del gobierno, con 2 mil 552 millones de pesos entregados a las tres empresas (29.52 por ciento del gasto total). Entre 2019 y 2022, Televisa recibió 933 millones; TV Azteca 848 millones y La Jornada 771 millones, según datos citados por Artículo 19.

Si bien el presidente López Obrador propuso cambios a la actual Ley de Comunicación Social como parte de las reformas legales que son parte del llamado Plan B electoral, los criterios de asignación de la publicidad oficial se mantuvieron sin mayores cambios. Ello a pesar de que la SCJN consideró inconstitucional que la norma no estableciera mecanismos para regular la publicidad oficial.

Recientemente, la Corte declaró inválidas las reformas a la Ley de Comunicación Social, por lo que se abre una nueva oportunidad para establecer reglas claras en el rubro de publicidad oficial. El gobierno requiere de este gasto para informar a la población sobre su actuación, y los medios de comunicación tienen derecho a recibir una contraprestación por divulgar esos datos.

Sin embargo, la discrecionalidad con la que se entregan estos recursos ha generado un círculo vicioso. La prensa en México se sostiene con el dinero del Estado, lo cual abre la puerta para que la entrega de publicidad oficial se convierta en una forma de control para los medios de comunicación. Con límites y fines claros a la publicidad oficial, los medios de comunicación podrían ejercer su labor sin la presión de quedarse sin recursos.