La corrupción del Poder Judicial en México genera severas dificultades para la impartición de justicia. Su consecuencia más palpable es la impunidad, la cual se ve reflejada en la ineficacia del Estado para proveer seguridad pública, así como en la falta de castigo a funcionarios que abusan de su cargo para su propio beneficio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado en varias ocasiones esta situación. Sin embargo, esas críticas suelen vincularse con decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que han afectado sus intereses.

Recientemente, el mandatario mexicano resaltó el caso de dos jueces que fallaron a favor de los dueños de la Torre Centro, un inmueble construido en el centro histórico del puerto de Veracruz. El mandatario de ese estado, Cuitláhuac García, acusó que ese proyecto pudo construirse gracias a la corrupción de los mencionados funcionarios.

La “torre fea” que molesta a AMLO

La molestia del gobierno federal y veracruzano por la construcción de la Torre Centro no es nueva. Medios locales alertaron desde 2019 sobre este proyecto, supuestamente facilitado por la entrega de permisos por parte del gobierno municipal que encabezó el priista Ramón Poo Gil.

Ante el avance de la obra, el presidente López Obrador criticó en octubre de 2021 la construcción del edificio. Entonces, pidió investigar a los propietarios de la obra (hasta la fecha desconocidos por la opinión pública) y acusó un caso de «influyentismo» para lograr su construcción.

Un mes después, la obra fue suspendida por autoridades de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) y de la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz. Ambas autoridades señalaron que esa acción se dio como resultado de una denuncia ciudadana sobre los daños que la construcción de la Torre Centro había causado a las viviendas aledañas.

La obra de la Torre Centro fue clausurada en dos ocasiones y quedó suspendida por varias semanas. Pero los dueños habrían presentado la documentación correspondiente para justificar su construcción, lo que permitió que los trabajos concluyeran sin que ninguna autoridad volviera a pronunciarse sobre este caso.

Sin embargo, el viernes 21 de abril el gobernador Cuitláhuac García Jiménez acusó a los jueces Mario de la Medina Soto y José Arquímedes Gregorio Loranca Luna de encubrir presuntos actos ilegales en la construcción de la Torre Centro, debido a que se realizó sin los permisos correspondientes.

Por su parte, el presidente López Obrador aprovechó la ocasión para el golpeteo político, al pedir que los jueces sean investigados por la Fiscalía Anticorrupción federal y no por el Consejo de la Judicatura, «porque ahí no hacen nada».

¿Quién supervisa a los jueces en México?

En México, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de vigilar y supervisar el funcionamiento autónomo de los juzgados y tribunales del país. Actualmente está a cargo de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, considerada por los sectores afines al presidente López Obrador como enemiga de su proyecto de gobierno.

La Judicatura es la encargada de investigar y sancionar a los integrantes del Poder Judicial. Se trata del mecanismo destinado a asegurar que los funcionarios de este Poder cumplan con su labor; por ende, se debería apelar a esa instancia en el caso denunciado en Veracruz.

Cuando el ministro Arturo Zaldívar encabezaba la SCJN y la Judicatura, AMLO pidió a esa instancia investigar a los jueces que ampararon decisiones en contra de su gobierno, como la suspensión de las reformas a la Ley Eléctrica o la construcción del Tren Maya.

Hoy, sin embargo, el presidente mexicano optó por recurrir a una instancia distinta, la cual por cierto está a cargo de un órgano también autónomo del Ejecutivo federal: la Fiscalía General de la República.

Si bien la denuncia sobre el caso de la Torre Centro es relevante, el manejo dado a esta situación parece más destinado al golpeteo político que a la impartición de justicia. La molestia del presidente con el Poder Judicial es especialmente palpable tras el fallo de la SCJN para ordenar el regreso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La falta de transparencia en el sistema de justicia, las ineficiencias en los procedimientos y el trabajo del Poder Judicial son denuncias constantes, tanto de periodistas como de instancias internacionales. Los mecanismos existentes para la impartición de justicia en México generan un clima propicio para la corrupción, pero hasta ahora no existe una propuesta o debate sobre las posibles soluciones a este problema.

Denunciar la corrupción de jueces es un acto necesario, mas no suficiente para modificar la situación actual. Cabría exigir también que el propio Poder Judicial o el Congreso, quien tiene las atribuciones para regular a esa instancia, propongan y establezcan alternativas que ayuden a la ciudadanía a obtener justicia por los canales adecuados, así como a reducir los índices de impunidad.