El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, dominado por magistrados afines al gobierno, ha ratificado los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que otorgaron la victoria a Nicolás Maduro para el período 2025-2031. La sentencia fue leída por la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, quien aseguró que los resultados fueron certificados de manera «irrestricta e inequívoca», validando así el proceso electoral organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Esta decisión, que surge 22 días después de que el propio Maduro solicitara una revisión del proceso mediante un recurso de amparo, ha generado críticas tanto dentro como fuera de Venezuela. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, rechazó el fallo, advirtiendo que solo profundizará la crisis política y social en el país. Su candidato, Edmundo González Urrutia, afirmó que la sentencia del TSJ no puede sustituir la voluntad popular, señalando una clara parcialidad a favor del gobierno.
A pesar de las objeciones de la oposición y la comunidad internacional, el TSJ basó su decisión en un informe elaborado por expertos anónimos, cuyas identidades y detalles del proceso de validación permanecen en la sombra. Mientras tanto, la oposición sostiene que su candidato ganó las elecciones y ha publicado el 83.5% de las actas electorales para respaldar su reclamo, que sigue siendo ignorado por las autoridades oficiales.
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