Pendientes, la verdad y la justicia en el caso de los 43 de Ayotzinapa

El Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI) emitió este martes 25 de julio su VI y último informe sobre los hechos acontecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando 43 estudiantes fueron desaparecidos. Los restos de tres de ellos ya han sido identificados.

El GIEI terminó su participación en México con un mal sabor de boca, no por el trabajo realizado, sino por todos los pendientes por esclarecer.
El grupo se va de México señalando directamente a las Fuerzas Armadas por su participación, en acción u omisión, en los hechos de Iguala. La Sedena, advierten los especialistas, oculta información fundamental que conduciría a la verdad del caso.

“El riesgo que han enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable.”, advirtió Carlos Martín Beristáin, uno de los dos integrantes del GIEI que permaneció hasta ayer en México, siempre cercano a los familiares de las 43 víctimas de desaparición forzada.

El compromiso del actual gobierno para dar con la verdad sobre el caso Ayotzinapa, luego de enterrar la llamada “verdad histórica”, tan insultante para las víctimas, se ha estancado, cuando las investigaciones se toparon con la puerta del 27 batallón de infantería.

El secretismo, opacidad y mentiras de los miembros de las Fuerzas Armadas son ahora los mayores obstáculos para conocer la verdad.
En su informe, el GIEI señala que el Ejército no ha revelado toda la información sobre su papel y actuación aquella noche de septiembre de 2014, cuando cinco camiones tomados por estudiantes normalistas fueron atacados a disparos en la ciudad de Iguala, Guerrero, provocando la muerte de varios y la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.

Un grupo de estudiantes que se trasladaba en un autobús con dirección a la central camionera de Iguala fue perseguido por “halcones” de Guerreros Unidos en motocicletas.
En la terminal tomarían más unidades, siguiendo su propósito de viajar a la Ciudad de México para participar en las acciones conmemorativas del 2 de octubre.

Al llegar se hicieron de otros tres camiones: dos de la línea Costa Line y uno más de Estrella Roja.
Desde su salida de la central con los cinco camiones, la información sobre sus acciones fue monitoreada permanentemente en el C4, siendo transmitida al 27 Batallón de Infantería y a otras fuerzas del orden en tiempo real.

A diferencia de lo que sostuvieron diversas autoridades civiles y la propia Sedena, en el sentido de que los estudiantes preparaban el boicot de un evento protagonizado por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de su esposa María de los Ángeles Pineda, el GIEI externó: “Nadie confundió a los jóvenes con lo que no eran. Todas las corporaciones sabían desde hacía horas que se trataba de estudiantes de Ayotzinapa que trataban de tomar buses para la marcha del 2 de octubre a la Ciudad de México. Quienes los bajaron de los buses, los detuvieron y desaparecieron sabían que eran estudiantes; las autoridades que los persiguieron y atacaron nuevamente durante toda la noche, también”.
Entre esas autoridades estaba el Ejército.

Las investigaciones del GIEI revelaron que durante los hechos, y a diferencia de lo declarado por distintos actores señalados, se estableció una enorme cantidad de comunicaciones entre diversas corporaciones y personas clave. Quienes hicieron la mayor cantidad de contactos y comunicaciones durante las horas críticas fueron miembros la Policía Municipal de Iguala, la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala, la Sedena, miembros de la delincuencia organizada, así como de Policía de Huitzuco y de la Policía Federal.

El comandante del 27 Batallón de Infantería mantuvo comunicación, tanto con las comandancias de las policías municipales de Iguala y Cocula, como con sus mandos inmediatamente superiores, afirmó el GIEI, pero también con soldados y miembros del batallón durante las horas críticas de la noche, entre las 20:00 y las 6:00 horas

El constante contacto entre la comandancia y con soldados demuestra que al menos algunos elementos mantuvieron una red de comunicación durante el desarrollo de los sucesos, sin que hasta ahora se sepa el contenido de dichas comunicaciones. Hoy se sabe, además, que varios teléfonos pertenecientes a los normalistas fueron utilizados de forma posterior, y que incluso las cuentas de Facebook de algunos de ellos se mantuvieron activas.

Lo anterior contrasta con la versión de la entonces PGR que sostuvo que los dispositivos fueron destruidos al momento del asesinato y quema de los cuerpos de los estudiantes; y sugiere que policias hicieron uso de estos antes de entregarlos a miembros de Guerreros Unidos.
Las Fuerzas Armadas, puntualiza el informe del GIEI, han sido el principal obstáculo para conocer la verdad.

La investigación esclareció que algunos miembros del Ejército mexicano estaban coludidos con grupos criminales, como quedó señalado en el juicio de Pablo Vega Cuevas, operador de Guerreros Unidos en Chicago.

Durante este juicio celebrado en 2014, la Agencia Antidrogas de EU interceptó mensajería vinculada con los imputados, donde un sujeto de nombre Arturo Martínez refiere reuniones que sostuvo con personal militar:

“Si no le contesto es porq boy aestar con los militares comiendo ya casi me boya dejarle la comida ok el cel lo dejo aqi en micasa porq aqi nomas agarra por el model ok primo (sic)”, se lee en uno de los mensajes.

En otros mensajes puede leerse:

“Ninja Guerrero unico: Ven i asemos cuentas yo no tevoy a dejar avajo no era lo ke mi carnal keria (sic).»

“Apaxtla (Arturo Martínez): Ya está primo me estoy cuadrando para aser un jale con los militares y boy para ajya porq quiero q me luz verde el m ok primo (sic)”.

 

Los peritos encargados de conducir esta investigación enfatizaron que los diálogos anteriores muestran que efectivamente, había colusión con Guerreros Unidos por parte de mandos militares, tanto del 27 Batallón, como del 41 Batallón de Iguala.

Además, en diversas declaraciones de testigos se asienta que los miembros del 41 Batallón, y en particular el comandante, recibía dinero de la organización criminal y sostenía reuniones a las que acudían jefes mafiosos.

Todo el tiempo los mandos militares estuvieron enterados de las actividades de los estudiantes.
De hecho, el GIEI da cuenta de cómo los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa habían sido monitoreados desde años anteriores para estar al tanto de sus actividades políticas. Tres elementos del Ejército estaban infiltrados en la normal, y uno de ellos forma parte de los 43 desaparecidos.

Los protocolos militares exigían ir al rescate de su elemento cuando éste se encontraba en peligro. La Sedena pasó por alto este principio y dejó a su suerte a uno de los suyos.
Transcurridos nueve años de aquella fatídica noche de Iguala, el caso de los 43 de Ayotzinapa permanece estancado.

Si bien ha sido notable el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, como coadyuvante fundamental en la búsqueda por la verdad del caso, gravitan más los obstáculos con lo que se encontraron, durante la administración de Enrique Peña Nieto, en primera instancia, y durante los últimos cuatro años y medio recientes.
El caso no sólo ha podido ser esclarecido, sino que las víctimas no han podido obtener justicia.

Promesa pendiente

Durante su campaña presidencial Andrés Manuel López Obrador prometió llegar a la verdad al caso, promesa que ratificó ya como Presidente de la República.
Incluso, emitió un decreto para esclarecer el caso.
Encomendó la tarea al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien pese a sus buenos oficios, no contó con la colaboración total de las Fuerzas Armadas, la FGR y otras instituciones de seguridad.

Han pasado ocho años y 10 meses de los infaustos hechos y la herida sigue abierta.