Vicente Fox es ese personaje cuyo nombre bien pudo haber pasado a la posteridad, en reconocimiento a un hombre que, alzando la bandera de la democracia, puso fin a un siglo de priísmo gubernamental en México e instauró un nuevo régimen político alejado del cacicazgo, las malas prácticas, la corrupción, el abuso de poder, el autoritarismo, la pobreza y marginación, la escasez de oportunidades de trabajo, etc.
Sin embargo, Fox echó a la basura esa posibilidad..
De hecho, Vicente Fox llegó a instaurar los antecedentes de uno de los peores regímenes que este país haya experimentado en toda su historia como Estado soberano. Fox Quezada promovió un proceso de desafuero contra el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, que surgió con la clara intención de eliminarlo de la contienda electoral a través del uso faccioso del aparato del Estado para intentar mantenerse en el poder. ante la amenaza de que un proyecto de nación diferente terminara con su estatus quo y privilegios.
A diferencia de lo que muchos opositores aseguran que se trata de una campaña negra y de desprestigio contra Xóchitl Gálvez para bajarla a la mala de la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, nadie puede comparar una amplia cobertura mediática hecha desde la presidencia de la República -que incluso ha favorecido los impactos de la postulante panista-, con la echada a andar de todo el aparato del Estado con el objetivo, ahí sí, de arrebatar jurídicamente los derechos políticos de una persona para evitar que compitiera por la presidencia.
El desafuero de AMLO se fraguó con la colaboración de las más altas personalidades que, entonces, ostentaban el poder político del país y dictaban qué se hacía y cómo se procedía, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Mariano Azuela Güitrón, al secretario de Gobernación y hoy aspirante presidencial panista Santiago Creel, además del entonces procurador general de la República y general en retiro, Rafael Macedo.
Creel fue el encargado de diseñar y presentar a la cúpula panista el brillante plan contra López Obrador, mismo que expuso en presencia del presidente del PAN, y otros funcionarios como Federico Döring, Jorge Lara, Obdulio Ávila, y el presidente del PAN en el entonces DF, Carlos Gelista.
De aquellas polémicas reuniones entre ellos derivaron múltiples hipótesis sobre sus fines; lo que quedaba en evidencia era el servilismo del presidente de la Corte respecto al entonces presidente de la República, quien justificó su reunión afirmando que «las reuniones entre representantes de los distintos poderes de un Estado […] son contactos previstos constitucional y legalmente y constituyen una práctica habitual en los estados modernos.» Sin embargo, incluso sus compañeros ministros cuestionaron su actuación, abandonándolo y solicitando que escribiera una nota aclaratoria a título personal, tras considerar que tal acción vulneró -y así fue-, la autonomía del máximo tribunal.
Ante el rápido ascenso de la figura de AMLO entre la opinión pública y en las encuestas que lo ubicaban como favorito para ganar las elecciones presidenciales de 2006, Vicente Fox lanzó todo un frente para reducir a polvo las aspiraciones del entonces opositor perredista, violando abiertamente principios y normas para dejarle sin fuero y sin candidatura lo más rápido que se pudiera. Una maniobra política que se sirvió de los medios jurídicos para socavar el Estado de derecho contra el derecho constitucional de un ciudadano.
Los vicios e impurezas dentro del atropellado proceso judicial al que fue sometido el entonces jefe de Gobierno se cuentan en una larga lista. En esencia, el proceso en su contra tuvo origen en un supuesto “desacato judicial”, derivado de la suspensión otorgada por un juez a terceros contra la apertura de una vía que conectara un hospital al sur de la CDMX. Dicha suspensión aplicaba:
“Para el único efecto de que las autoridades responsables paralicen los trabajos de apertura de vialidades sólo en la parte de las fracciones expropiadas que servían de acceso al predio denominado ‘El Encino’ […] así como para que se abstengan de bloquear y cancelar los accesos al predio de la quejosa.”
Sin embargo, queda documentado en primer lugar que el Ministerio Público nunca investigó si, efectivamente, se incumplió con dicha suspensión. En el orden de factores, el MP debió, primero, investigar cuáles eran los accesos que servían al predio; segundo, conocer si se habían paralizado o no las obras en dichos accesos; y tercero, determinar si las autoridades responsables habían bloqueado y cancelado los accesos al predio.
La suspensión anterior nunca prohibía al gobierno capitalino realizar obras en el predio expropiado; en todo caso únicamente se prohibió que se realizaran en partes de las fracciones que servían de acceso a «El Encino».
Con todas sus capacidades de investigación, el MP no averiguó cuáles eran los accesos en cuestión ni qué delimitación tenían. Además, la parte denunciante manifestó en su demanda del 4 de diciembre de 2000 que el predio no tenía accesos, por lo que queda la duda y confusión sobre cómo pudieron determinar la limitación y respeto a accesos que no existían.
Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha señalado que en el procedimiento judicial contra AMLO fueron desahogadas una serie de inspecciones judiciales a cargo de actuarios del juzgado, mismas que debieron realizarse por los jueces, magistrados y/o el MP para tener valor probatorio, no obstante, al no practicarse por ninguno de estos, tales pruebas carecen de valor jurídico.
En otra prueba de la cooptación y corrupción de las prácticas jurídicas puestas en marcha contra el proyecto alternativo que representa López Obrador, queda manifestado que el Ministerio Público renunció a su atribución constitucional de investigar delitos y de manera inconstitucional se vinculó por completo a las determinaciones de terceros, empezando desde el Poder Ejecutivo encabezado por Vicente Fox.
Por su parte, la clase política alineada a Vicente Fox y al panismo en la Cámara de Diputados apeló al golpeteo mediático, a la utilización de recursos públicos, al pago de millonarias campañas negras de desprestigio y a discursos incendiarios que buscaban incidir de manera desleal y sucia entre el electorado.
En el recinto legislativo de San Lázaro, los diputados oficialistas del PAN se encargaron de ridiculizar el ejercicio parlamentario y de violar todos los procedimientos estipulados respecto a un proceso de desafuero.
Durante este proceso, la Sección Instructora, encargada de dirimir el caso, procedió al análisis mientras el congreso no estaba en periodo de sesiones, pero además, la solicitud de desafuero se planteó y desahogó directamente ante esta sección, sin un examen previo, como lo marca la ley.
Ya en trámite, la Sección Instructora, por órdenes de la presidencia, no admitió pruebas fundamentales para la defensa, como las declaraciones del presidente Fox, del secretario de Gobernación, del procurador general y del presidente de la Corte.
Este caso quizá sea el más clarificante al hablar del uso faccioso de las instituciones del Estado para combatir a los adversarios políticos. ¿Alguien imaginó que el hombre que expulsó al PRI de la presidencia tras casi un siglo ininterrumpido en el poder, enarbolando la bandera de la democracia, terminaría actuando con miedo y violencia contra la posibilidad de una nueva alternancia democrática? ¿Quién lo iba a decir? La amenaza de que AMLO llegara a la presidencia valió desatar toda la estructura judicial contra el candidato perredista, en una de las afrentas a la democracia más duras de las que nuestro país tenga memoria..
Finalmente, la elección presidencial de 2006 terminaría cerrada por menos de 0.40 décimas y con múltiples irregularidades en miles de casillas a lo largo y ancho del país, dándole una ilegítima, fraudulenta y raquítica victoria a Calderón.
Pero hoy, a casi 20 años de aquellos vergonzosos hechos para la política nacional, Vicente Fox ha declarado desear haber terminado con el trabajo empezado contra AMLO. ¿Qué más le faltó: atentar directamente contra su vida?
A través de su cuenta de twitter, el expresidente compartió el encabezado de una nota del diario Reforma, que reza lo siguiente: “Hace 18 años, Vicente Fox y el Congreso abusaron del poder para promover el desafuero en contra del entonces aspirante presidencial opositor Andrés Manuel López Obrador”. Y en seguida remata cuestionando: “NO SÉ POR QUÉ NO CULMINÉ LA TAREA, CON UNA GRAN ESTOCADA (sic)”.
¿Cómo alguien que ostentó el máximo cargo de poder en este país puede presumir abiertamente que utilizó las instituciones democráticas y de impartición de justicia para tratar de frenar el paso a quien consideró una amenaza para su régimen de privilegios?
Hoy Fox y la oposición acusan al presidente Andrés Manuel de haber lanzado una cruzada con todo el aparato del Estado contra la senadora y aspirante a la presidencia por el PAN, Xóchitl Gálvez, ante las reiteradas menciones que el mandatario ha hecho sobre su trayectoria política y crecimiento empresarial a costa de millonarios contratos de sus empresas con el Estado mexicano.
Parece que el expresidente guanajuatense olvida aquellos momentos entre 2004 y 2006, donde él sí puso en marcha uno de las operaciones políticas más macabras, cuyas consecuencias todavía son percibidas en términos de violencia, corrupción e impunidad, y que responden al por qué de las deficiencias históricas de un poder judicial que, lejos de impartir justicia, históricamente ha vendido sus intereses y operaciones al mejor postor.
Entonces, ¿qué estocada habría sido suficiente para Fox contra el líder opositor en 2004-2005? ¿hasta dónde habría sido capaz de llegar utilizando el poder del Estado para deshacerse de Andrés Manuel?
Parece que uno de los pasatiempos favoritos de los autoritarios como Fox es recordar su naturaleza tiránica, así como el abuso de poder que gozaba de promover. Entre lo positivo, es bueno tener cada vez más herramientas que, con transparencia, permitan a la población darse una idea de lo que realmente representan ideológica y políticamente estos personajes y los intereses que defienden, literalmente, a muerte.
Pero también de esta manera se aceleran los procesos de muerte política, uno de los momentos que más esperan los ciudadanos, quienes aguardan por ver el devenir de sus corruptelas, y admirarlos mientras desfilan rumbo al basurero de la historia. Hacia allá camina Fox.
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