IMSS, ISSSTE y hospitales de PEMEX atenderán a mujeres que decidan abortar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó de forma unánime como anticonstitucional penalizar el aborto en todo el país.
La decisión de la Corte se da justo en el mes en el que se celebra el Día de la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se conmemora el 28 de septiembre.
Con ella, las mujeres y activistas a favor de la despenalización, dan un paso adelante en su exigencia. Un amparo interpuesto por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), fue la punta de lanza jurídica para empujar a la Corte.
Cabe subrayar que el aborto no ha sido despenalizado en los hechos.
La Primera Sala de la SCJN resolvió que “es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal”. El argumento esgrimido es que su criminalización “viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.
De esta forma, la interrupción del embarazo no puede ser castigada; además podrá realizarse en instituciones de salud pública como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los hospitales de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Anteriormente, los servicios gratuitos de interrupción del aborto sólo podían realizarse de manera segura y gratuita en las clínicas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), ubicadas en la Ciudad de México.
Estas clínicas reciben a mujeres y personas con capacidad de gestar de toda la República, lo que les implica un gasto.
Por su parte, el IMSS no brinda este servicio, pues su política de servicios responde a la Federación y no a los estados.
Con la decisión de la Corte, todas las mujeres que cuenten con un servicio de salud pública, por ejemplo, las alumnas de universidades públicas que cuenten con un seguro facultativo, podrán recibir el servicio de interrupción del embarazo sin ningún tipo de obstáculo.

Las implicaciones

Esto supone varios avances, pues además de concretar el procedimiento en instituciones de salud pública, ya sin la sombra punitiva contra las mujeres y las personas con posibilidad gestante, así como para el personal médico y de enfermería, se ayuda a desestigmatizar un tema de salud pública.

En ese sentido, el Código Penal Federal habrá de modificarse para eliminar el delito de aborto, contenido en el artículo 329, y definido como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.
Éste contempla una pena de uno a tres años para quienes “hagan abortar a una mujer”, a pesar de que sea con su total consentimiento. Además, implica inhabilitaciones de dos a cinco años para los médicos que lo practiquen.

Encima de las implicaciones jurídicas, la decisión de la Corte facilitará la desestigmatización que la práctica del aborto conlleva, abriendo paso a la reeducación de la sociedad.

Pendientes

Hasta el momento, sólo 12 estados del país han ajustado sus leyes locales para permitir a las mujeres interrumpir su embarazo bajo ciertas circunstancias. La mayoría de legislaciones estatales lo permiten hasta las 12 semanas de gestación.
Isabel Fulda, subdirectora de GIRE, consideró que uno de los grandes pendientes, ahora que las mujeres tienen acceso al aborto, es su implementación, pues hay un enorme vacío legal y práctico entre la posibilidad de interrumpir el embarazo y su concreción, pues se deben tener en cuenta cuestiones como la necesidad de contar con insumos necesarios y la capacitación del personal médico.
Fulde explicó que ya se tienen presentados otros 21 amparos en los estados que faltan por modificar su Código Penal, lo que puede provocar un “efecto dominó” virtuoso para que los Congresos locales se adelanten y eliminen el aborto de sus respectivas legislaciiones.
Las entidades con gobiernos más conservadores, renuentes a asumir cualquier legislación en favor de los derechos de las mujeres, podrán responsabilizar a la Corte de la decisión, y así evitar asumir el costo político de la determinación.

¿Y los grupos conservadores?

Las organizaciones y grupos que se posicionan contra la despenalización del aborto exigieron a la SCJN que se pronunciara en contra.
Las organizaciones pro vida “Actívate” y “Pasos por la Vida” anunciaron que entregaron ocho mil 200 firmas de “ciudadanos”, exigiendo que respeten y protejan al ser humano durante su gestación y también a las mujeres embarazadas.
Pilar Rebollo, presidenta de Pasos por la Vida, dijo que “es incongruente dejar al ser humano sin ninguna protección, cuando la misma Corte ya lo había protegido”.

Problemas para Verástegui

El exactor Eduardo Verástegui ha hecho públicas sus intenciones de buscar la presidencia en 2024, como candidato independiente, con una agenda ultra católica y nacionalista en la que incluye la protección de la vida “desde la concepción”, uniéndose así al Frente Nacional por la Familia, que incluye una agenda “pro vida” de pañoleta azul.

 

 

Es importante mencionar que el Congreso Federal aún debe ajustar el marco normativo, y además, no invalida directamente las leyes de los estados que aún penalizan la interrupción del embarazo.