Defensores de derechos humanos en México: entre la indefensión y los reclamos a nivel internacional

En mayo de 2022, México superó oficialmente la cifra de 100.000 desaparecidos. Semanas antes, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y grupos de defensores de derechos humanos advirtieron que había una «alarmante tendencia al alza» de estos casos en el país y llamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a tomar «medidas inmediatas» para detener esta situación.

La ineficiencia histórica del Estado mexicano para atender este problema ha generado dos efectos. Por un lado, familiares y amigos de víctimas de estos crímenes se ven obligados a organizarse por cuenta propia, a fin de visibilizar este problema a nivel internacional.

Por otro, ha dado pie a escalofriantes revelaciones, como las denuncias de espionaje contra defensores de derechos humanos por parte del Ejército mexicano. En muchos casos, se justifica que su posible relación con miembros del crimen organizado justifica la intervención de sus comunicaciones privadas.

Curiosamente, estos casos suelen llegar a la opinión pública nacional una vez que generan llamados de la comunidad internacional. En marzo de 2022, por ejemplo, un reclamo del Parlamento Europeo al gobierno mexicano para actuar contra los ataques a la prensa y los defensores de derechos humanos llevó a una enérgica condena del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Defensores de derechos humanos ¿enemigos del gobierno?

El 18 de abril, The New York Times denunció que México es el principal usuario de la herramienta de espionaje Pegasus, la cual se adquirió durante el gobierno de Felipe Calderón con la intención de utilizarla para combatir el crimen organizado. Sin embargo, su principal uso parece centrarse en el seguimiento de ciudadanos que resultan incómodos para los gobernantes.

El último caso denunciado afectó al director y una coordinadora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los cuales también fueron víctimas de espionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tanto el Centro Prodh como el activista tamaulipeco Raymundo Ramos se han involucrado en asuntos que resultan incómodos para el Ejército, como el caso Ayotzinapa o presuntos ataques de soldados contra civiles desarmados.

Ambos casos de espionaje se vinculan con momentos clave en las investigaciones de esos activistas. En otros casos, son cercanas a reuniones en donde pudieron recibir o compartir información clave. Posibles abusos de poder o encubrimientos parecen ser la causa de que Pegasus fuera usado contra estos defensores de derechos humanos.

A pesar de las denuncias en la prensa nacional, la información vinculada con la compra de Pegasus fue reservada por cinco años con base en su clasificación como datos vinculados con la seguridad nacional del país.

La crisis de desapariciones y los reclamos a nivel internacional

El 12 de abril, la buscadora María Herrera Magdaleno fue nombrada por la revista Time como una de las cien personas más influyentes de 2023. A pesar de no contar con muchos recursos, ha logrado reunirse con funcionarios de las Naciones Unidas e incluso demandó en noviembre de 2022 al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de su reclamo para encontrar a sus cuatro hijos desaparecidos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.

La distinción dada a María Herrera contrasta con la severidad de los datos oficiales, los cuales indican que los casos de personas desaparecidas aumentaron en 12 estados mexicanos durante las primeras semanas de 2023. Grupos de defensores de derechos humanos afirman que ello da muestra de que no se implementan políticas destinadas a reducir este problema en México.

Por si fuera poco, el Análisis Global 2022 de la organización internacional Front Line Defenders relevó en abril que México, Colombia, Ucrania, Brasil y Honduras concentraron el 80% de los asesinatos contra defensores de derechos humanos y medio ambientales a nivel mundial.

El informe agrega que, luego de superar la cifra de 100,000 desapariciones forzadas en México, las personas buscadoras estuvieron expuestas a mayores riesgos mientras realizaban labores para dar con el paradero de sus seres queridos. Al menos cinco mujeres dedicadas a esta labor fueron asesinadas en 2022, lo cual da muestra de las pobres condiciones de seguridad con que la mayoría de ellas cuenta.

La severidad de algunos reportes internacionales ha ayudado a atraer la atención de la comunidad internacional. En ese sentido, el caso Ayotzinapa es un claro ejemplo, ya que las omisiones de las investigaciones llevaron a que las Naciones Unidas presionaran al gobierno de Enrique Peña Nieto a reanudar las investigaciones del caso, presuntamente concluidas en 2015 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Además, instancias como la CIDH han sido utilizadas para demandar al Estado mexicano por la protección de los defensores de derechos humanos. En marzo, familiares de personas desaparecidas en México recordaron a las autoridades que son ellos quienes han encontrado a sus seres queridos, debido a las fallas del Estado para implementar mecanismos de búsqueda eficientes.

El monitoreo de la comunidad internacional ha sido esencial para lograr avances en la búsqueda de desaparecidos en México. Sin embargo, es necesario que los gobiernos también pongan en marcha estrategias que permitan la atención integral de este problema. Los defensores de derechos humanos involucrados en estos temas no son enemigos de la autoridad, por lo que los esfuerzos destinados a su vigilancia deberían destinarse a incorporar sus ideas, más que a intimidarlos u obstaculizar su labor.