EL pasado 7 de marzo la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró ante la fiscalía del país andino por su responsabilidad en los hechos de represión a manifestantes que se opusieron a su ascenso al poder.
La Fiscalía dio a conocer que Boluarte fue llamada a rendir declaración por «el caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023».
Desde el pasado 10 de enero la Fiscalía de Perú investiga una denuncia por cargos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Se ha involucrado a Alberto Otálora, jefe de gabinete, Victor Rojas, exministro del interior y Jorge Chávez, titular de Defensa.
Durante las protestas han muerto al menos 60 personas y mil 300 más han resultado heridas principalmente en las comunidades indígenas de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Dina Boluarte se encuetra bajo investigación sin embargo no podrá ejercerse ninguna acción legal hasta que termine su periodo presidencial en 2026
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