CNDH: una representación diluida del pueblo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es la institución del Estado mexicano encargada de proteger y promover los derechos de todas las personas que habitan en territorio nacional. Sin embargo, durante la gestión de Rosario Piedra Ibarra, esta entidad ha sido cuestionada por olvidar a las víctimas del país y adoptar una postura más oficialista.

El 2 de mayo, la CNDH cuestionó al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), quien señaló que la cifra víctimas de violencia, desaparición y ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas en México es muestra de un país que sufre un conflicto armado interno.

Asimismo, la Comisión aseguró que los casos de violencia en el país están históricamente enraizados en el modelo neoliberal. El uso de este concepto es muy similar al dado por Andrés Manuel López Obrador, quien a lo largo de su gobierno ha considerado que esa etapa ha sido la principal causa de los problemas que hoy aquejan a México.

La cercanía con el poder

Los titulares de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos en una sociedad son conocidos actualmente como ombudsperson. Esta palabra, de origen sueco, se traduce como «representante del pueblo» y tiene su origen en una figura parlamentaria que se instituyó en Suecia desde 1809 para vigilar la actuación de las autoridades locales.

Las funciones del ombudsperson han sido muchas y con propósitos distintos. En el caso de la CNDH, se trata de un funcionario encargado de proteger y promover los derechos de las personas frente al Estado. Pero, desde la gestión de Rosario Piedra Ibarra, prácticamente no se ofrecen posicionamientos contra presuntas violaciones de derechos humanos o abusos de poder.

En septiembre de 2022, por ejemplo, la CNDH anunció que no emitiría ningún recurso de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada por el Congreso para transferir a la Guardia Nacional al mando de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, algunos miembros del Consejo Consultivo de la CNDH expresaron su desacuerdo con esa postura y destacaron que la medida podría tener efectos negativos para los derechos humanos de la población.

Asimismo, durante la discusión pública generada por la iniciativa de reforma electoral enviada por Andrés Manuel López Obrador, la CNDH se pronunció a favor de reformar al INE. Incluso, acusó a esa institución de propiciar el «sabotaje de la voluntad del pueblo», realizar «guerra sucia» y de mantener vicios que «por siglos han manchado nuestros procesos electorales».

En contraste, cuando varios organismos civiles destacaron en mayo de 2022 que México había superado la cifra de 100,000 desaparecidos, la CNDH no emitió postura alguna. Del mismo modo, la entidad encabezada por Rosario Piedra Ibarra evitó opinar tras el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, el cual dejó 40 muertos.

¿Defensa del pueblo?

A pesar de las polémicas, se registra un incremento en las recomendaciones emitidas por la actual CNDH, al pasar de 81 a 197 entre 2017 y 2022. Además, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión ha emitido al menos 14 recomendaciones a las Fuerzas Armadas por su posible participación en casos de desaparición forzada, tortura y privación de la vida.

Las recomendaciones son el instrumento de mayor impacto con que cuenta la CNDH para defender a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Aunque su aceptación y cumplimiento está en completo control de las autoridades, el artículo 102 de la Constitución mexicana establece que todos los servidores públicos están obligados a responder a ese instrumento.

Sin embargo, la postura de la actual ombudsperson ha permitido que una gran parte de las recomendaciones realizadas por la CNDH sean rechazadas sin mayor justificación. El 29 de abril, por ejemplo, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, rechazó tres recomendaciones de la CNDH y cinco más de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales se vincularon con denuncias tortura sexual, detenciones arbitrarias y desaparición forzada en el estado bajo el argumento de que ellas presuntamente tienen su origen en un enfrentamiento político con el senador Ricardo Monreal.

La respuesta deja ver una cercanía de Rosario Piedra Ibarra con un sector del gobierno. Cabe señalar que la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que un ombudsperson no debe ostentar una dirección nacional o estatal en algún partido político al menos un año antes de ser designado. Pero Rosario Piedra Ibarra era consejera de Morena meses antes de asumir ese cargo.