Familiares de Karime, quien se encuentra presa desde hace 12 años en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, junto con activistas defensores de los Derechos Humanos, solicitarán al actual jefe de gobierno, Martí Batres, que le conceda el indulto, lo que implicaría absolver su condena de 22 años de prisión, impuestos tras ser víctima de detención arbitraria y de tortura.

Martí Batres, cuando era senador, (de 2018 a 2021), ofreció ayuda por medio de un abogado que finalmente, no resolvió nada. 

“Le suplico, le pido que nos ayude porque él tiene ahora toda la facultad para hacerlo; él conoce el caso de mi hija y sabe que es inocente”, externó la madre de Karime.

Familiares y activistas que luchan por la libertad de Karime, aseguran haber agotado los medios legales para la obtención de su libertad, por lo que iniciaron una campaña para recolectar 150 mil firmas a través de change.org/Karime.

Karla Salas, representante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, subrayó que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha documentado y emitido una recomendación por la tortura que sufrieron Karime y su hija de tan sólo un año de edad, después de haber sido detenida por dos hombres vestidos de civil, que posteriormente fueron identificados como policías judiciales.

Karime fue acusada de robo agravado a casa habitación, por lo que fue detenida el 11 de abril de 2011, cuando se encontraba afuera de una tienda junto a su bebé y los sujetos sin identificarse la obligaron a subir a un vehículo.

Posteriormente fue interrogada durante siete horas, donde fue golpeada y torturada en una casa y después en una agencia del Ministerio Público, donde tras amenazar a su familia en múltiples ocasiones, firmó dos hojas en blanco. 

“Después fue trasladada a un centro penitenciario de la Ciudad de México, donde ha permanecido encarcelada durante más de una década”, refirió Karla Salas.

Añadió que no sólo Karime ha sido víctima de la corrupción de las autoridades, sino también su familia, al encontrarse con abogados oportunistas y faltos de ética que cobraron sin proporcionar una defensa deseable, adecuada y agotando las posibilidades de impugnar la sentencia.

El caso fue retomado posteriormente de que el ministro Arturo Zaldívar visitara el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla y se iniciara un programa de preliberación.

Pero la abogada de Karime, aseguró que tomar este proceso implicaría una serie de restricciones para lograr su libertad, además del pago de medio millón de pesos por reparación del daño, recursos con los que no cuenta la familia. 

Indicó que en el caso del indulto, la libertad sería absoluta y ya no tendría que pagar la reparación del daño.

Cabe resaltar que la bebé también fue víctima de estas violaciones a sus derechos humanos, pues derivó en afectaciones psicológicas.

Este caso ha sido presentado en el momento de el ejercicio de la violación a la integridad personal, tortura, derecho a la libertad y seguridad personales, así como el derecho al debido proceso, negativa de proteger a las víctimas de injerencias arbitrarias y ataques a su vida privada por parte de la autoridad, así como el acceso a la justicia y derecho a la libertad, entre otros.

En ese sentido, tanto la familia de Karime como su abogada, Karla Salas, han apostado por volver a exigir al jefe de Gobierno, Martí Batres, ayuda para poner fin a la cadena de injusticias que han vivido. 

No obstante, desde la primera vez que solicitaron su ayuda, tanto exsenador como el abogado que los auxilió han sido omisos en todo el proceso, incluso el caso de tortura no se ha comenzado a investigar. El leguleyo cobró su “servicio” y el caso sigue estancado.