En las últimas décadas, el debate sobre el acceso a la información relacionada con los asuntos públicos y de gobierno se ha centrado en su uso y funciones. En México, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo encargado de supervisar la entrega de esos datos.

Sin embargo, la operación del INAI se ha visto amenazada luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetara en marzo la designación de dos comisionados y el Senado de la República no eligiera nuevos candidatos para sustituirlos. Ante la falta de esos funcionarios, el pleno del Instituto no puede operar, lo cual le impide desahogar las demandas y recursos interpuestos para obtener información.

¿Por qué es importante resaltar la actual situación del INAI? Porque la noción de transparencia se vincula con la idea de sinceridad y accesibilidad a eventos que conciernen a la opinión pública o a un sector de la sociedad. Además, porque se vincula con una promesa del actual gobierno mexicano al asumir sus funciones: denunciar la corrupción que afecta a la administración pública.

¿Para qué funciona el INAI?

El INAI es una institución autónoma del Estado mexicano encargada de garantizar que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, personas físicas o morales que reciban recursos públicos o actúen como autoridad, entreguen información vinculada con sus actividades a quien la solicite.

Debido a esta función, el INAI ha sido un elemento clave para indagar los principales casos de corrupción en México de los últimos 20 años. Con base en solicitudes de información, algunos periodistas han denunciado casos como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la Estafa Maestra, el caso Odebrecht o las propiedades de funcionarios como Manuel Bartlett.

En cierta medida, puede argüirse que el INAI facilita el proceso para transparentar las acciones de gobierno en México. Al respecto, periodistas de investigación afirman que esa institución los ha ayudado a acercar a los ciudadanos la información sobre la administración pública, e incluso, asiste a los ciudadanos para acceder directamente a esos datos con base en inquietudes propias.

Las ideas más generales de transparencia tienen como objetivo cerrar las brechas existentes entre los ciudadanos y sus gobiernos. Pero esa intención requiere de ciertos mecanismos para llevarse a cabo, muchos de los cuales entran en conflicto con las intenciones de los encargados de la administración pública federal.

¿El INAI en peligro de extinción?

Desde abril de 2022, el pleno del INAI, consistente de siete comisionados, se encuentra incompleto. El Senado omitió designar a sus sustitutos al menos hasta marzo de 2023, semanas antes de que el INAI quedara inoperante. Sin embargo, ese proceso se hizo sin tomar en cuenta la lista elaborada por el Consejo Consultivo, órgano encargado de evaluar los perfiles de los candidatos a ocupar esos cargos.

Bajo ese argumento, el presidente López Obrador vetó la designación de los senadores y defendió su decisión al indicar que no podría ser cómplice de un proceso partidista. Aunque el Senado tenía hasta el 1 de abril de 2023 para elegir nuevos comisionados, esta decisión no se ha tomado, lo cual ha generado cuestionamientos sobre la falta de interés del gobierno para mantener activo al INAI.

Actualmente, el INAI opera sólo con cuatro comisionados y con una parálisis parcial que (debido a su reglamento interno) le impide sesionar y tomar decisiones clave para el acceso a la información. Por ello, su comisionada presidente, Blanca Lilia Ibarra, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de solicitar que se permita al instituto sesionar con los comisionados en funciones.

Ibarra asevera que, pese a la falta de sesiones, el instituto no ha dejado de funcionar. Por su parte, López Obrador afirma que la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción o el Poder Legislativo son suficientes para asegurar el acceso a la información de la administración pública federal.

La incomodidad que causa a los gobiernos la obligación de transparentar datos o documentos de sus actividades no es nueva. Pero las sugerencias del presidente son inviables, debido a que las entidades propuestas para cumplir las funciones del INAI tienen como propósitos principales la fiscalización, supervisión o investigación de delitos.

En realidad, el INAI es mucho más útil para los ciudadanos que para los gobernantes. Por tanto, la postura del presidente es comprensible, aunque también justifica los cuestionamientos a su aparente intención de obstaculizar el acceso a los datos oficiales. El acceso a la información es clave para que la sociedad obligue a sus funcionarios públicos a rendir cuentas y, por ello, el papel de instituciones como el INAI es esencial para lograr la transparencia de los gobiernos.