La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Pablo Gómez reveló la tarde del miércoles 1 de marzo la red de corrupción a través de la cuál el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, habría conseguido hacerse de 745.9 millones de dólares.
El órgano adscrito a la Secretaría de Haciendo y Crédito Público logró identificar un total de 44 empresas que obtuvieron contratos con las secretarías en las que se desempeñó Genaro García Luna o relación con empresas contratantes. Además del conglomerado empresarial la UIF identifico a 8 personas cercanas al exsecretario y que sirvieron como beneficiarios o como cuentas triangulantes para la extracción del dinero.
Dentro de las 8 personas involucradas se encuentran el propio Genaro García Luna, Linda Pereyra, esposa del exsecretario, la familia Weinberg así como el matrimonio Niembro. La familia Weinberg es dueña de empresas como NUNVAV Inc y ICIT HOLDING.
NUNVAV Inc y su filial Nunvav Technologic Inc fueron beneficiadas con 26 de los 30 contratos millonarios expedidos por García Luna en su paso por la Policía Federal y el CISEN. Lo que llevó a la UIF a congelar las cuentas de los hermanos Winberg por posibles conflictos de interés pues la mayoría de contratos fueron expedidos a través de adjudicación directa.
En días recientes la periodista, Peniley Ramirez hizo de conocimiento público que los Weinberg traspasaron un departamento millonario a José Francisco Niembro Gónzalez quien trabajó con García Luna en la SSP y después en una de sus empresas privadas de seguridad en Estados Unidos.
Al terminar el sexenio, Niembro y la esposa se mudaron a este departamento en el norte de Miami, que los Weinberg (los contratistas) compraron en 1.2 millones de dólares y luego traspasaron a los Niembro (el exfuncionario) por 100 dólares, según los registros públicos de Miami pic.twitter.com/AKSliSS0p0
— Peniley Ramírez (@penileyramirez) February 26, 2022
El juicio para recuperar el dinero que fue extraído hacía los Estados Unidos usando paraísos fiscales como puerta de salida del país continua su curso en los juzgados de Florida y el gobierno de México espera que, con la sentencia que declara culpable al exsecretario de Seguridad Ciudadana, se pueda restituir el dinero al gobierno de México.